La Justicia francesa imputa a la exministra de Salud por su gestión del Covid-19

Tras un largo proceso de instrucción preliminar, el Tribunal de Justicia de la República (TJR) decidió inculpar oficialmente a Buzyn la tarde del viernes, estimando que su comportamiento como ministra de Sanidad, durante unas semanas cruciales, pudo tener un coste dramático para Francia.

Profesora, universitaria, especialista emérita en inmunología, presidenta de varios consejos de administración de grandes instituciones científicas y universitarias, Buzyn fue influyente ministra de Sanidad de Macron, entre mayo del 2017 y febrero del 2020.

Tras el estallido de un patético escándalo sexual , protagonizado por Benjamin Griveaux , íntimo de Macron, candidato fallido a la alcaldía de París, el 2020, Buzyn dimitió como ministra para encabezar la lista del partido del presidente en las municipales, aspirando a conquistar la capital de Francia .

Buzyn fracasó estrepitosamente, cuando comenzaron a multiplicarse las acusaciones contra su comportamiento como ministra de Sanidad . Un año largo después, el TJF ha decidido inculpar a la exministra, a ocho meses de la primera vuelta de la elección presidencial.

El TJR es un tribunal especial consagrado a juzgar a ministros o exministros. Sus procesos y sentencias tienen un alcance político importante.

Inculpando a Buzyn, el TJR no prejuzga de ninguna manera su sentencia final, para condenar y librar de toda sospecha a la inculpada. Sin embargo, a ocho meses de la primera vuelta presidencial, el acontecimiento tiene mucho de bomba de relojería instalada en el corazón del paisaje político nacional.

Inculpada Buzyn, las dudas y sospechas pudieran extenderse a otros ex ministros, comenzando por Édouard Philippe , jefe de Gobierno, entre mayo 2017 y junio 2020.

El calendario de la instrucción del caso Buzyn corre el riesgo de coincidir con el calendario de la primera vuelta presidencial. Tratándose de una figura política eminente, con un papel muy importante, durante las primeras semanas de propagación del Covid, las sospechas judiciales corren el riesgo de provocar reacciones políticas inflamables.