La joven salvadoreña acusada de homicidio por abortar reivindica su inocencia

Hernández, procesada por el delito de homicidio agravado, llegó al Centro Integral de Justicia de la localidad de Ciudad Delgado (norte) a las 07.55 hora local (14.55) acompaña por sus padres y sus abogados. Al ser interceptada por los periodistas la acusada se declaró inocente y dijo que tiene confianza en sus abogados.

«Gracias a Dios estoy bien. Yo soy inocente (...) confío mucho en Dios y en mis abogados», manifestó brevemente.

En el lugar donde tendrá lugar la audiencia llegaron activistas que luchan contra la despenalización del aborto en el país y defensores de derechos humanos para apoyar a la procesada.

La diligencia, a la que no se dejó entrar a los periodistas, a pesar de que el caso no tiene reserva, por orden del juez que la presidirá, no ha sido instalada aún, según comentó a Efe la abogada Elizabeth Deras.

Estaba previsto que el Tribunal de Sentencia de Cojuteque instalará el juicio a las 08.30 hora local (14.30 GMT) y se desconocen los motivos por lo que aún no ha comenzado.

En la nueva vista pública se decidirá si la joven de 21 años es enviada a prisión o es absuelta del delito que se le atribuye.

La fecha del nuevo juicio fue cambiada en cuatro ocasiones por diversos motivos, lo que, de acuerdo con diversas organizaciones que luchan para la despenalización del aborto en el país, es una «grave» violación a los derechos humanos de la joven.

Hernández, una joven de escasos recursos que reside en una zona rural del país centroamericano, fue condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado, pero en diciembre de 2018 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Cojuteque y ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Ante esto, dicha cámara ordenó al juzgado de sentencia que se celebrara un nuevo juicio contra la mujer, quien, según sus abogados, sufrió un parto «extrahospitalario» el 6 de abril del 2016.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.

Desde 2009, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha logrado que 28 mujeres, acusadas de aborto, recobraran su libertad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto que no fue probado.