La justicia penal del Vaticano comienza los interrogatorios del mayordomo del Papa

Desde los días frenéticos del doble asesinato del comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann, y su esposa venezolana Gladys Meza Romero, a cargo del cabo Cedric Tornay, quien se suicidio a continuación, la justicia penal del Estado del Vaticano no se enfrentaba a un caso de esta envergadura. Los 14 años transcurridos desde aquel agitado 4 de mayo de 1998 han sido de una placidez total. Con solo 44 hectáreas, el Estado de la Ciudad del Vaticano es el más tranquilo del planeta.

El inicio de los interrogatorios de Palo Gabriele, «Paoletto», pone ante los reflectores un sistema de justicia muy anticuado y poco operativo. El Vaticano cuenta sólo con tres celdas, absolutamente espartanas, pero dispone en cambio de la floritura jurídica de cuatro niveles de juicio que constituyen un sueño para los aficionados a los recursos: el Juez Único, el Tribunal del Vaticano, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.

Durante siglos, las mazmorras del Papa –igual que su caja fuerte- estaban en la imponente fortaleza de Castel Sant’Ángelo , antiguo mausoleo del emperador Adriano a orillas del Río Tíber, un lugar único en el mundo que vale la pena explorar cuando se visita Roma.

Desde la caída de los Estados Pontificios en 1870, la fortaleza forma parte de Italia, por eso el minúsculo Estado Vaticano tuvo que construir sus propias celdas en el Palacio del Tribunal, situado a dos pasos del ábside de la basílica de San Pedro y justo al lado de la Casa Santa Marta, el moderno hotel construido por Juan Pablo II donde se alojan los cardenales cada vez que hay un Cónclave.

El Palacio del Tribunal alberga también la jefatura de la Gendarmería Vaticana, cuyo comandante Domenico Giani –la sombra del Papa cada vez que sale fuera de su apartamento- es una de las piezas claves en la investigación para descubrir los «topos» del Vaticano. Giani, antiguo oficial de la Guardia di Finanza y de los servicios secretos italianos, cuenta con 200 gendarmes y depende del Gobernador del Estado del Vaticano.

El otro cuerpo armado, la Guardia Suiza , es, en cambio, militar. Los 118 soldados bajo el mando del comandante Rudolf Anrig son un pequeño ejército que no depende del Estado Vaticano sino directamente del Papa. Como es natural, Benedicto XVI no ejerce la supervisión de la Guardia Suiza sino que la delega en el «número tres» de la Santa Sede, el sustituto de la Secretaría de Estado, actualmente el arzobispo sardo Ángelo Becciu.

El mayordomo del Papa fue arrestado por la Gendarmería Vaticana el 23 de mayo durante un registro en la casa donde vive con su esposa y sus tres hijos pequeños, situada dentro del territorio del Vaticano. Es un edificio de apartamentos en el que, paradójicamente, vive también el comandante Domenico Giani.

En cuanto los gendarmes vieron la «montaña de documentos» que «Paoletto» tenia en la casa, su «vecino» el comandante Giani le arrestó y le puso a disposición del Promotor de Justicia (fiscal) del Vaticano, Nicola Picardi.

El fiscal llevó a cabo los primeros interrogatorios sumarios y en poco tiempo decidió presentar acusación formal contra el mayordomo, pero sólo de «robo con agravantes» . Es decir, le acusa de haber sustraído los documentos confidenciales pero no de haberlos entregado al periodista Gianluigi Nuzzi, quien divulgó los primeros en un programa televisivo y después ha publicado casi un centenar en su libro «Los papeles secretos de Benedicto XVI».

En estos momentos, la suerte de «Paoletto» está en manos del Juez Único, Piero Antonio Bonnet , ante quien le interroga el fiscal Nicola Picardi en presencia de los dos abogados defensores. Por desgracia, los tribunales del Vaticano actúan a puerta cerrada , por lo que la opinión pública jamás llegará a tener la certeza de que se haya actuado con justicia. Sea cual sea la condena, el Papa puede conceder siempre medidas de gracia.

Si «Paoletto» no está conforme con la sentencia que le imponga el Juez Único puede recurrir ante el Tribunal del Vaticano, presidido por el conde Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, y formado por un total de tres jueces.

Un hipotético recurso iría a la tercera instancia, el Tribunal de Apelación , formado por jueces eclesiásticos. Si, obtenida sentencia, una de las partes quisiese recurrir todavía más puede hacerlo ante el Tribunal Supremo, formado por tres cardenales y presidido por el norteamericano Raymond Burke, presidente también del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que no es un tribunal del Estado Vaticano sino de la Santa Sede.

La comprensible confusión de la mayoría de los ciudadanos proviene del entremezclarse de los terrenos religioso y material en la Iglesia católica. Cada diócesis tiene un tribunal , que se ocupa de asuntos fundamentalmente religiosos, aunque impliquen aspectos importantes de la vida real como puede ser la anulación de un matrimonio, la prohibición de impartir sacramentos a un sacerdote indigno o la adjudicación de los bienes de una orden religiosa extinta.

En Roma hay también tribunales «religiosos» que se ocupan de esos aspectos. Son, fundamentalmente, el Tribunal de la Rota Romana y el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. De modo paralelo e independiente, el Estado del Vaticano tiene los suyos, civiles y penales, como los tiene el Principado de Mónaco o la República de San Marino. Son los que ahora se encargan de «Paoletto» como habitualmente se encargan de tramitar los doscientos y pico casos criminales que suele haber cada año dentro de los muros del pequeño Estado.

Al contar con sólo 492 habitantes, el Estado del Vaticano tiene el mayor índice de criminalidad del mundo. Afortunadamente, se trata de delitos menores: pequeños robos en los Museos Vaticanos, denuncias contra carteristas que roban a los peregrinos en la basílica de San Pedro, etc. La cifra es mínima si se tiene en cuenta que los Museos y la basílica reciben cada año a 18 millones de visitantes.

En cambio, los delitos cometidos en la Plaza de San Pedro son competencia de Italia según los Pactos Lateranenses firmados en 1929. Así fue, desde el primer momento, el caso de Ali Agca. Y por eso se puede ver siempre en la plaza agentes de uniforme, tanto de la Policía Italiana como de los Carabinieri. Por fortuna, hay mucho otros más de paisano.

Los Pactos Lateranenses prevén también que el Estado Vaticano pueda entregar a la justicia italiana, si lo desea, a personas que han cometido delitos dentro de su pequeño territorio. Suele hacerlo y, desde luego, entrega siempre a la justicia italiana a quienes han sido condenados a penas largas. Las tres celdas del Tribunal del Vaticano sirven para prisión preventiva , pero no cumplen con los requisitos de una cárcel.