Greenpeace alerta del «daño irreparable» de los puertos del Estado al litoral

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, asimiló la situación del litoral con la «burbuja inmobiliaria» , debido al crecimiento «desproporcionado» de algunas infraestructuras portuarias, «muchas de las cuales surgieron a la sombra del desarrollo urbanístico» apuntó durante la presentación del informe. Asimismo, indicó que se está produciendo un «exceso de proyectos portuarios sin justificación económica pero con un alto coste medioambiental, y que en ocasiones están asociados a la especulación del suelo u operaciones de dudosa legalidad».

En la actualidad, más de 200 kilómetros de la costa española -cuya totalidad es de 5.978 km.- están ocupados por el organismo público Puertos del Estado. Además, veinte de las veintiocho autoridades portuarias existentes en España, se encuentran ejecutando o tienen proyectos de ampliación de sus instalaciones. Durante el año 2010 el Ministerio de Fomento invirtió cerca de 911 millones de euros en grandes obras portuarias. Doce puertos de Interés General están en obras y otros 14 proyectan ampliaciones para ganar terreno al mar, algo que, según denuncia la organización ecologista, «no concuerda con la política de racionalización de infraestructuras que defiende el Ministerio de Fomento, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de estos puertos compiten entre sí, lo que supone que se están gestando «puertos fantasma» que no tendrán barcos en el futuro».

Según indica Greenpeace, esta ocupación de la primera línea de costa por los puertos estatales está ocasionando un daño irreparable , «cuya dimensión se aprecia perfectamente al comparar los 2,3 kilómetros del complejo Marina d'Or, con los 20 kilómetros que ocupa el puerto de Vigo o los 12 del de Barcelona». La destrucción costera también afecta a las especies de la zona, y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático.

«La costa puede proporcionar 7.700 millones de euros anuales solo con el turismo y las infraestructuras existentes», remarcó Pilar Marcos, quien también advirtió de que el Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros . Sin embargo, de este porcentaje «solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, con el consiguiente deterioro medioambiental y económico de estas áreas».

Como ejemplo de estos gastos, Marcos puso de ejemplo el puerto de Valencia, el cual, con un tamaño similar al de Hong Kong, tiene diez veces menos tráfico de contenedores. Por todo esto, Greenpeace exigió al Gobierno una moratoria a las nuevas obras de ampliación, aprobar una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que armonice las actividades en la franja costera y una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos para conocer el impacto de la construcción de las dársenas y sus accesos.

Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace, declaró que «es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral . Seguimos invirtiendo dinero público en nocivas infraestructuras sin futuro que son pan para hoy y hambre para mañana, como ya pasó con el ladrillo en la costa. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca».