El Govern ignora el 25% de castellano en las instrucciones para el próximo curso

Las instrucciones que la Consejería de Educación ha dirigido a los centros esta misma semana (con fecha del 7 de junio de 2022) para que organicen el próximo curso escolar 'Documentos para la organización y la gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023', no contemplan el impacto de la sentencia del TSJC ni tampoco la nueva normativa exprés aprobada el lunes para dar respuesta al pronunciamiento judicial.

En materia lingüística ('El tratamiento y el uso de las lenguas en el sistema educativo. El proyecto lingüístico'), el documento , al que ha tenido acceso ABC, mantiene prácticamente las mismas instrucciones en materia lingüística que el remitido a los centros en julio del año pasado. Concede de nuevo a la lengua catalana -y al aranés en el Arán-, «el papel de eje vertebrador del proyecto educativo de centro» y la consagra como única lengua vehicular en las aulas. En este sentido, insta a los directores a que el catalán sea «la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea lengua de referencia cuando sea necesario».

Como en el documento del año pasado, la Generalitat recuerda a las direcciones de los centros que la documentación académica que emita el centro debe ser siempre en catalán y si es solicitada por un centro de fuera de la comunidad autónoma o del extranjero, debe ser redactada en catalán y en castellano. El documento, de 85 páginas, hace especial hincapié en la necesidad de extender el uso de la lengua autonómica fuera de las aulas, así como en que los profesores sean referentes del modelo lingüístico catalán, que consagra el uso del catalán como única lengua vehicular. «Los equipos docentes son conscientes del uso profesional que hacen de la lengua y del hecho de que son un modelo lingüístico de referencia para el alumnado», recuerda la Generalitat a los titulares de los centros.

La consejería de Educación, dirigida por Josep Gonzàlez-Cambray, indica a los directores que el proyecto lingüístico de su centro «debe ir encaminado a asegurar el uso intensivo del catalán como lengua vehicular de enseñanza y de aprendizaje», y contempla también «la aplicación de estrategias de inmersión lingüística en los centros en los que el catalán no es la lengua de la mayoría del alumnado».

Igualmente insta a los responsables de los centros a «prever, si es necesario, la necesidad de impartir contenidos en lengua castellana, especialmente en contextos en los que el castellano no es la primera lengua de la mayoría del alumnado, para garantizar que, al acabar la enseñanza obligatoria, se consiga un mismo nivel de las lenguas oficiales».

Este último punto, que prevé cierta flexibilidad en el uso de las lenguas según el entorno sociolingüístico, es una idea repetida por la Generalitat a la hora de perfilar los proyectos de lengua, aunque con ella no cumple el dictado judicial de impartir un 25 por ciento de castellano (una asignatura troncal más) en todo el sistema.

Las instrucciones ignoran también el decreto ley impulsado por el Govern, que desoye porcentajes, y la ley aprobada esta semana en el Parlament, que concede al español el papel de lengua «de uso curricular y educativo». En declaraciones a este medio, portavoces de la consejería negaron que el documento enviado a los centros «sea contradictorio con la ley catalana» y aseguraron que «salió antes de la publicación de la misma». Educación recuerda asimismo que envió la pasada semana a los directores « las instrucciones sobre el decreto» . Éstas se limitan a invitar a los centros a responder un cuestionario con el que no solo no se acatan las exigencias del TSJC sino que abre la puerta a que los padres que han logrado un 25 por ciento para sus hijos puedan perder ese derecho.

Cs ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía contra el consejero y otros responsables del departamento por dictar nuevas instrucciones sin tener en cuenta que un 25 por ciento de la enseñanza debe ser en castellano. Por su parte, Vox se ha querellado contra Cambray por desobedecer el fallo.