La Generalitat se limita a dar acuse de recibo al TSJC sin concretar quién y cómo aplicará la sentencia del 25%

La respuesta del departamento de Educación se ha dado conocer este martes y se ha limitado a comunicar al TSJC «que el órgano responsable del cumplimiento de la citada sentencia es el departamento de Educación», según figura en el escrito, firmado por la abogada jefe de la Consejería, y al que ha tenido acceso ABC. No se concreta, así, quién y cómo aplicará la orden de los tribunales, que establece en un 25%, al menos, las asignaturas en español.

Preguntada por este asunto, Patrícia Plaja, portavoz del Govern catalán, ha confirmado ante la prensa, durante su comparecencia semanal, el escrito y ha incidido en que «obviamente» el consejero Gonzàlez-Cambray está «al frente» de la responsabilidad «política y jurídica» que ha asumido el departamento de Educación.

En cualquier caso, Plaja no ha concretado tampoco cómo se aplicará la orden del TSJC, que afecta a todas las escuelas y los institutos de Cataluña. «Tenemos un periodo por delante de dos meses (para cumplir la sentencia). El Govern trabaja para garantizar y proteger el modelo de escuela catalana. La respuesta pasa por la modificación del marco normativo», ha añadido.

Con la respuesta al TSJC y las palabras de la portavoz autonómica, Gonzàlez-Cambray estaría asumiendo cualquier responsabilidad, sobre todo judicial. Y así lo ha querido dejar claro Plaja: «La prioridad es proteger siempre a todo el personal docente y el equipo directivo (de los centros educativos)». Aunque la Fiscalía ya ha advertido de que, desde su punto de vista, son los directores de los centros los que tienen la última carga obligatoria para cumplir esta decisión judicial.

La sentencia del TSJC, dictada el 16 de diciembre de 2020, se convirtió en firme en noviembre de 2021 cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite un recurso de casación de la Consejería de Edcuación, y posteriormente fue devuelta al TSJC que, el 21 de enero, la declaró firme y la comunicó a la Generalitat para iniciar el trámite de su ejecución. Primero, con el trámite de diez días para notificar quién y cómo la aplicará y, después, dos meses para evitar la ejecución forzosa.