El Gobierno lanza un plan para salvar las costas del cambio climático

El objetivo de esta iniciativa es realizar un « diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a la costa y de las posibles medidas que se puedan adoptar», según señaló el pasado martes la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente siempre fue consciente de que las zonas del litoral son las que tienen mayor riesgo de sufrir los impactos de estos cambios. Así aparece recogido en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático publicado en 2006. Posteriormente, en 2014, se publicó el informe «Cambio Climático en la Costa Española», que ha servido de base para identificar las necesidades de la costa y orientar las actuaciones necesarias que se pueden llevar a cabo.

La consecuencia principal del cambio climático en la costa, según señala la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, es « la subida del nivel del mar , con la consiguiente pérdida de territorio por regresión de la línea de costa». Ello también provoca «intrusión salina en estuarios y acuíferos, erosión del borde costero, pérdida directa de ecosistemas por el calentamiento del agua del mar y aumento de la frecuencia y la intensidad de los temporales». Las consecuencias de estos fenómenos son cada vez más «desastrosas» .

El contenido de esta estrategia, a la que ha tenido acceso ABC, propone tres tipos de de intervenciones para intentar frenar los efectos del cambio climático: físico, social e institucional. Las de tipo social se concretan en la adaptación de infraestructuras o la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como restauración de dunas o humedales. Las medidas sociales se refieren a la formación o al intercambio de información, incluyendo la creación de sistemas de alerta. Finalmente, las de carácter institucional afectan a la generación de incentivos fiscales o de normas que fomentan un uso sostenible de la costa.

A partir de ahora, todos los proyectos desarrollados en la zona de dominio público marítimo-terrestre (de competencia estatal), ya sean públicos o privados, deben adaptarse a esta estrategia . El proceso de contratación recogerá este extremo como un requisito fundamental.

La estrategia como tal no tiene una previsión económica , sino que las medidas que se propongan para hacer frente a los efectos del cambio climático se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

La coordinación para el cumplimiento de este plan es fundamental para que tenga éxito. La Administración General del Estado presenta este marco de actuación de carácter nacional e intervendrá directamente en los espacios de dominio público , pero las Comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen las competencias para actuar en otros ámbitos.

Mientras el Gobierno trabajaba en el diseño de esta estrategia nacional, desde este departamento ministerial se puso en marcha en 2015 un plan piloto , como fue el de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al cambio climático (PIMA Adapta). Con un presupuesto de 12 millones de euros se han realizado más de 80 actuaciones en materia de gestión del litoral.

Los trabajos se han concretado en intentar reducir la exposición de la costa frente al mar . Para ello se han llevado a cabo actuaciones de regeneración de playas, restauración de dunas, estabilización de las partes bajas de los estuarios, así como obras de protección que han reducido la erosión.

Como ejemplo de estas actuaciones hay que destacar la regeneración ambiental de las marismas de A Xunqueira de Areal en la Pobra do Caramiñal (La Coruña), la recuperación del estuario de San Martín de la Arena en Miengo (Cantabria), las actuaciones en el entorno de la Tancada en el Delta del Ebro (Tarragona) o el mantenimiento de los sistemas dunares de Baleares. Otras actuaciones a realizar son la restauración de la poza de Navia (Asturias o la estabilización del sistema dunar de las playas de Riumar en el Delta del Ebro (Tarragona).