Los expertos reclaman un catálogo de riesgos climáticos

«Es necesario que tengamos un sistema de riesgos establecidos, cualificados e identificados para tener un marco en el que operar», señaló José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien colaboró en la elaboración del último informe del Panel de Expertos del Cambio Climático (IPCC) .

En la mesa dedicada a la adaptación al cambio climático, este científico defendió que la futura ley incluya un sistema nacional de evaluación de riesgos , que lleve a ese catálogo de peligros climáticos, donde «debe quedar claro cuál es su naturaleza, su urgencia y cómo responden estos riesgos a los cambios en el clima». Porque los riesgos –dijo- «emergen de los peligros del clima y del cambio climático pero también de la exposición y de la vulnerabilidad».

En este sentido, Moreno dijo que el segundo paso será establecer «una cadena de trazabilidad perfectamente establecida» en cuanto a las responsabilidades de las distintas administraciones (Gobierno, autonomías y ayuntamientos) para ver qué medidas se toman –«habrá que priorizar porque no va a haber dinero para todo, y esto también hay que decírselo a los ciudadanos»-, de qué manera y cómo y cuándo se reporta. Y es que en esta materia entran en juego muchos actores, porque como recordó Íñigo Losada, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Cantabria y uno de los mayores expertos mundiales en aumento del nivel del mar, «la adaptación está muy vinculada al territorio, es muy local».

Otro de los ejes de la futura ley en que insistieron los participantes en esta sesión es en la rendición de cuentas en cuanto a las políticas y avances en materia de adaptación. Belén Fernández, consejera de Infraestructuras de Asturias, propuso que se haga en el Consejo Nacional de Clima y también en el Parlament o, pues se trata de «una política de Estado».

Desde el sector privado, Maya Ormazabal, gerente de medio ambiente de Telefónica, ha apuntado que ese catálogo de riesgos debe ser revisado cada cinco años e incluir también las oportunidades; que debe crearse además un Observatorio Nacional de la Adaptación y que debe haber un esquema de autoevaluación de empresas y también de administraciones públicas, que puede servir para nutrir ese catálogo de riesgos.

En cuanto a la financiación, hubo consenso en que la futura ley debe contemplar un instrumento financiero específico . En este sentido, Ormazabal reclamó un Fondo para la Adaptación y que se favorezcan fiscalmente las inversiones en adaptación. En este asunto abundó David Howell, portavoz de cambio climático de SEO/BirdLife, quien intervino en nombre de la sociedad civil, señalando que «hay que tener mucho cuidado con los subsidios perversos que fomentan actividades y prácticas que puedan hacer a España más vulnerable».

Estas jornadas son un primer punto de partida en el proceso de participación para la elaboración de la Ley. Todos los temas abordados en los debates serán recogidos por la Administración General del Estado y tenidas en cuenta para la elaboración de la Ley, según fuentes del Gobierno. Y es que, como recordó el catedrático José Manuel Moreno durante su intervención, «una ley de este tipo puede marcar la trayectoria de un país» .