El Gobierno aprueba 17 «MIR» educativos distintos y elimina el concierto a los centros que separan por sexo

Paco López Rupérez , expresidente del Consejo Escolar del Estado y creador del «MIR» educativo –fue quien propuso por primera vez inspirarse en el modelo sanitario de formación de postgrado para el acceso a la profesión docente–, dijo a ABC que el planteamiento es «dudosamente constitucional». «De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional el acceso tiene que producirse de manera que se garantice el derecho a la educación de los alumnos en condiciones análogas de calidad» , apunta el experto en educación. «Al ser la docencia una profesión regulada, es el Estado el responsable de su ordenación». A su juicio, «transferir este tipo de competencias a las comunidades supone una ruptura del orden constitucional vigente».

Por su parte, Ramón Izquierdo , del sindicato de docentes del CSIF, señaló que «la formación inicial, el acceso y el desarrollo de la carrera profesional docente no puede quedar a criterio de cada comunidad autónoma. Los cuerpos docentes son estatales y esto sería totalmente contrario a ello; chocaría con la actual estructura y la movilidad de la que se goza en todo el Estado». Añadió que, además, « supondría una mayor fragmentación de nuestro sistema educativo en 17 distintos , con condiciones diferentes dentro del profesorado, y provocaría un aumento de las desigualdades entre alumnos y docentes».

También se aprobó ayer la eliminación de los conciertos a los colegios que separan por sexo. Ya lo habían advertido PSOE y Unidas Podemos en el documento que plasmaba su acuerdo allá por diciembre de 2018, en el que anunciaban que se impediría «la segregación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos»; en otras palabras, que los colegios de educación que separan a niños y niñas se quedan sin concierto . Dicho y hecho.

Ayer prosperó también una enmienda transaccional de estos dos partidos –junto con el BNG– que modifica una disposición adicional de la Lomloe sobre el «Fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres», en la se establece que «con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas ».

El texto ha reemplazado al primer redactado de la Lomloe que defendía el mantenimiento de estos conciertos, aunque le daba « atención preferente » a aquellos centros «que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual». Además, la enmienda aprobada tacha por completo el siguiente párrafo: «En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual».

También hay un cambio importante en el punto 3 de la disposición modificada. El texto inicial decía: «Aquellos centros que separen por género a su alumnado deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas». Ahora, se lee un texto completamente distinto : «Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas ».

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) denunció a ABC que «no es la primera vez que vemos a algunos partidos políticos queriendo legislar contra el ordenamiento jurídico. En este caso, directamente en contra de las últimas sentencias del Constitucional, apoyadas en diversos tratados internacionales. Esperamos que sepan detenerse a tiempo».

Por otro lado, la Plataforma «Educación Inclusiva Sí, Especial También» ha advertido de la «sentencia de muerte» que pesa sobre los centros de educación especial en la «ley Celaá». Esta mantiene una modificación que vaticina su cierre en el plazo de diez años .

Se trata de la disposición adicional cuarta de la Lomloe que, en un texto ambiguo, alude a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los otros centros se quedarían solo para casos « de atención muy especializada ».

La disposición adicional cuarta sigue presente en la ley al no prosperar las enmiendas de supresión presentadas por PP, Vox, PNV, Coalición Canaria o UPN . Sin embargo, la tramitación de la ley continúa y tanto en la Comisión de Educación como en el Pleno estas enmiendas podrían volver a someterse a votación.