La Generalitat cambia de estrategia y opta por no recurrir las sentencias lingüísticas

Los jueces dan la razón a los padres y la Generalitat aplica –aunque sea a regañadientes– las sentencias. Todas . Este es el proceder de la administración autonómica catalana, en materia lingüística escolar, que podría denominarse como filibusterismo. Es la manera que tiene el nacionalismo catalán de entorpecer el cumplimiento de la ley.

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) se asesora jurídicamente a los padres –no es la única entidad, también lo hace Convivencia Cívica Catalana–, se les respalda ante la administración educativa y se les defiende ante cualquier tipo de intento de acoso escolar . El acaso es cada vez menor, pues los tribunales ya advierten a los colegios y a la Generalitat en sus sentencias y medidas cautelares de que deben garantizar la paz social en las escuelas.

Pese a que la Generalitat solo acumula derrotas judiciales en estas batallas, únicamente por su negativa a aplicar las normas como dictan los jueces evitando así judicializar un asunto en el que no cabe discusión, la respuesta política a los fallos de los magistrados siempre es la misma: denostar a la Justicia, intoxicar a la opinión pública y decir que las sentencias se basan en presupuestos que, en realidad, son justo lo contrario de los que señalan los jueces .

Así ocurrió hace unos días, 24 horas después de conocer los últimos dictámenes –de momento– del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que hacen referencia a las dos escuelas de Barcelona y Abrera, publicados por ABC el martes pasado y cuyos fallos se firmaron por unanimidad de los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del TSJC. Unas resoluciones que tumbaron, por primera vez, los proyectos lingüísticos al completo de las escuelas afectadas ya que estos no cumplen con el mínimo del 25 por ciento de las asignaturas no lingüísticas en español .

Pese a que los escritos del TSJC son claros y con poco margen de victoria –por no decir ninguno– en un recurso, la Generalitat activó su protocolo de respuesta mediática y política, sin recordar que en las dos escuelas, desde que el tribunal autonómico estableció las medidas cautelares, ya se aplica el porcentaje del 25 por ciento. El objetivo es crear una ficción e intentar desmotivar a futuros padres que estén preocupados por la educación de sus hijos y vean poco adecuado pedagógicamente que sus vástagos solo reciban en español, en el mejor de los casos, la asignatura de lengua y literatura españolas.

El primer argumento es que las sentencias del TSJC no son firmes y contra ellas caben recursos ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, hace tres años la Consejería de Educación optó por la estrategia de no recurrir más los casos particulares, principalmente, por dos motivos. Uno: las medidas cautelares sí las aplicaba; y dos: el Supremo es garantía de otra derrota judicial y, desde el punto de vista del nacionalismo, también política y mediática .

Tras las sentencias de los últimos días, la Generalitat se limitó a señalar que sus servicios jurídicos «estudiarán con detenimiento el recorrido judicial que se puede llevar a cabo a partir de ahora».

Por otro lado, han mezclado un asunto jurídico, basado en derechos constitucionales, con un tema pedagógico. Para la Consejería, los jueces del TSJC –en este caso– van « mucho más allá de las funciones que tienen atribuidas » y recuerda que «en materia educativa, corresponde a la Generalitat la competencia sobre el tratamiento de las lenguas y la inmersión lingüística». Una competencia que ningún tribunal pone, ni ha puesto en duda, ni tampoco los padres, pero que se enmarca en una legalidad que arranca con la Constitución. Ser el titular de la competencia no permite saltarse leyes y jurisprudencia.

Lo mismo ocurre con el título que se le da al sistema de inmersión lingüística, en el que el catalán puede ser el centro de gravedad hasta que se normalice su uso –cuyos datos oficiales señalan, por cierto, que podría haberse conseguido ya–, y que los tribunales han validado siempre que no suponga la exclusión del español , su uso quede en algo residual (es decir, al cero por ciento) y desproporcionado. Como la Generalitat no cumplía con una proporción razonable, los jueces establecieron el porcentaje mínimo del 25 por ciento.

Pero el caso más lacerante, si cabe, es el intento de confundir a la opinión pública con argumentos falsos y que, con una simple lectura de las sentencias, se pueden desmontar. Con la aprobación de ‘ley Celaá’, la Generalitat encontró otro filón. Así se defendía hace unos días: «La nueva ley de educación estatal, conocida como Lomloe, lo ratifica (la legalidad de la inmersión) (...).

El TSJC está actuando en base a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto (2010) y de unos recursos de la época del PP, cuando estaba vigente la ley Wert (...)». Esta respuesta está lejos de la realidad. La Lomce o ‘ley Wert’, fijó por primera vez que el español era lengua vehicular en toda España, estatus compartido con las lenguas autonómicas en las regiones con más de una lengua oficial. Esta concreción fue un refuerzo a lo que los tribunales (sobre todo el Constitucional en 1994 y 2010) ya consideran como un derecho fundamental , por lo que su supresión en la ‘ley Celaá’ (2020) es irrelevante jurídicamente.

Y así lo recogen, por primera vez unos magistrados, en las sentencias del TSJC que hacen referencia a los colegios de Barcelona y Abrera: «La obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada por la Lomloe no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular. (...) En todo caso, lo que la Lomce hizo en relación con el castellano como lengua vehicular fue recoger en su parte dispositiva la interpretación hecha por el Supremo y el Constitucional, de ahí que la supresión en la nueva ley educativa de la mención de que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado» al que se alude expresamente en la Lomce, no altera el régimen del castellano como lengua vehicular reconocido por el Tribunal Constitucional , por el Tribunal Supremo y por este Tribunal Superior».