Estudiantes, rectores, oposición y sindicatos se vuelven contra Castells tras el varapalo del Consejo de Estado

En su dictamen solicitado por el Ministerio de Universidades al real decreto que eliminará el famoso '3+2' del PP (tres años de carrera mas dos del master), el Consejo de Estado ha sido extremadamente crítico, y ha hecho numerosas observaciones referentes a apartados que han olvidado o no han querido incluir, falta de desarrollo de temas capitales, errores de redacción o discriminación a la universidad privada.

Pero la crítica más grave del máximo órgano consultivo del Gobierno es la afirmación de que el decreto de Castells « atentaría contra la seguridad jurídica , por la volatilidad del marco normativo aplicable».

José Carlos Gómez Villamandos , presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), ha reaccionado a las observaciones del dictamen y ha dicho que «por eso pedimos que en la ley se incluyeran aspectos del real decreto de creación de la universidad: para dar garantia juridica y que no se sometiera a los cambios de real decreto que pudiera hacer cada gobierno. El 3+2 no es tema de ley, es de real decreto».

Pablo Arévalo , de la asociación Estudiantes con la Libertad, ha acusado duramente a Castells de «jugar a desestabilizar el modelo universitario español con sus reformas demagógicas e innecesarias» y de «no saber llevar a cabo correctamente el proceso legal de dichas reformas, con una torpeza vergonzosa que no debería ser digna de un ministro.

También ha hablado Ramón Caballero , vicepresidente de Educación para las Universidades del sindicato CSIF: «Nos preocupa la inestabilidad y la falta de seguridad y estabilidad jurídica de la que advierte el dictamen del Consejo de Estado. Errores de redacción, falta de desarrollo y discriminación también se observan en el anteproyecto de la LOSU, por ejemplo, cuando deja desamparados a los Contratados Doctores que extingue o cuando no hay transitoria para los TEU y los Colaboradores a los que ni siquiera menciona.Muchas universidades se descolocan con el cambio de criterio del 3+2 y preocupa la desregulación del doctorado».

Cuca Gamarra , portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha utilizado su cuenta de Twitter para, con una lacónica frase, y remitiendo al artículo de este periódico, dejar clara su postura: «Imponer su ideología por encima de la seguridad jurídica».

También Enrique Ossorio , consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, ha sido crítico con el ministro Castells, cuya intención es llevar este martes el real decreto. En la misma red social, y remitiendo igualmente a ABC, ha escrito: «El ministro, en su afán por ideologizar la educación universitaria, atenta contra la seguridad jurídica, tal y como le advierte el Consejo de Estado. Tiene un único objetivo, aleccionar a los estudiantes con los mantras del Gobierno, y no cejará en su empeño hasta lograrlo».

Por su parte, Pedro Fernández , portavoz de Vox en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ha declarado: «Este Gobierno de Sánchez tiene un problema con el respeto a la Ley, y el ministro Castells no podía ser menos. No será la última vez que reciba este ministro un varapalo por parte del Consejo de Estado por intentar modificaciones normativas que no respetan los principios básicos de los procedimientos legislativos, como el de jerarquía normativa o seguridad jurídica, que para este Gobierno y este ministro suponen obstáculos que consideran, simplemente con su libre albedrío, que pueden saltarse en cualquier momento». «En Vox -concluye Fernández-, como siempre hemos hecho, seguiremos impugnando aquellas resoluciones, leyes, decretos y normas que consideremos inconstitucionales, y no dejaremos de dar la batalla en los tribunales».

Más contundente ha sido Lorena Roldan , diputada del Partido Popular en Cataluña, que se ha expresado en estos duros términos: «Otra vergüenza más de este Gobierno, esta vez protagonizada por el ministro Castells, que además de hacer más bien poco como ministro de Universidades, lo poco que hace lo hace mal. Pretende eliminar el 3+2 (tres años de carrera más 2 de máster, implantado por el PP) por la vía exprés, mediante real decreto y pasando el rodillo. Pero la jugada le ha salido mal al ministro. Y es que el Consejo de Estado ha sido contundente en su respuesta: el Real Decreto no solo obvia temas fundamentales y está mal redactado, sino que, además, atentaría gravemente contra la seguridad jurídica»

«El Gobierno -continúa la diputada- tiene pendiente aprobar la Ley Orgánica de Universidades, donde deberían regularse cuestiones como ésta, pero en lugar de eso Castells se dedica a elaborar reales decretos legislando sobre cuestiones capitales por la puerta de atrás. Lo normal en el resto de Europa es que las carreras duren 3 años, pero Castells prefiere acabar con ese sistema, perjudicando gravemente a las Universidades españolas, impidiendo su internacionalización, y también a los alumnos, que no podrán competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos».

Y concluye Lorena Roldán: «Es bochornoso que el Consejo de Estado tenga que sacarle los colores al Gobierno señalándole algo básico: Primero la Ley, luego los reales decretos. Lo peor del asunto es que, conociendo la trayectoria del Gobierno de Sánchez, todo apunta a que harán caso omiso del informe del Consejo de Estado, una tremenda irresponsabilidad, una más, en materia educativa».

La portavoz popular de Universidades, y profesora de Derecho Civil, María Jesús Moro , ha denunciado lo que según ella «se está convirtiendo en una práctica de este ministerio su falta de respeto a la jerarquía normativa». «Primero aprueban decretos -ha recordado- incluyendo normas sin amparo legal, y luego redactan la ley. Y además pretenden ahora que en los decretos se regule materia de ley o que contradigan la ley orgánica. Por tanto, técnicamente es una aberración y políticamente inaceptable esta precipitación y el caos normativo que solo genera inseguridad jurídica. Hay que recordar también que la Ley de convivencia ya está en el Congreso y, sin embargo, una nueva ley orgánica se encuentra más retrasada en su tramitación cuando es el marco normativo de todo lo demás».

María Jesús Moro ha añadido que «el rechazo al primer borrador de la LOSU es generalizado y su metodología de adelantarse en los decretos la hemos criticado desde el primer momento, incluso en el mes de marzo pedimos mediante una enmienda la paralización de los decretos hasta que se tramite la Ley orgánica».

Más respuestas ajenas al mundo de la política; Andrea Patricio , presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), ha dicho que desde su organización «ya trasladamos en varias reuniones con el Ministerio que era inusual trabajar primero en los reales decretos y dejar las leyes para el final de legislatura, ya que genera una inestabilidad normativa a la comunidad universitaria. Actualmente desconocemos qué puede pasar si se modifican partes en el anteproyecto de LOSU que afecten a los reales decretos aprobados hace menos de un año y cómo afecta esto a las universidades que ya han implementado los cambios».

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, se muestra de acuerdo «con la mayor parte de lo que dice el Consejo de Estado». «No parece procedente -explica- aprobar un real decreto antes que la Ley a la que se sujeta y que debe desarrollar. Es un exceso regulación que coarta la creatividad y no favorece la flexibilidad tan necesaria en nuestros tiempos».

«Se establecen -critica- criterios de autorización de enseñanzas por las comunidades autónomas previos a la verificación del título que son contrarios a la autonomía universitaria y más en el caso de las universidades privadas. El proceso actual es ya suficientemente garantista para el control y aseguramiento de la calidad. No creo que exista necesidad de regular los títulos propios ni la formación permanente. El exceso de intervencionismo, tratándose de títulos no oficiales, obstaculiza en lugar de beneficiar la formación permanente».

Y concluye: «Volvemos a las andadas con los hospitales públicos, añadiendo un párrafo en la disposición final primera que no existía en el primer borrador: 'Será necesaria la armonización de la capacidad formativa del sistema público sanitario en el ámbito de hospitales públicos universitarios y universidades públicas'. Ya existe jurisprudencia del TC en relación con el derecho de los estudiantes de las Universidades privadas a realizar prácticas en hospitales públicos, pues exige que la estructura sanitaria pública esté disponible para todas las universidades, sea cual sea su titularidad».