Varapalo del Consejo de Estado a Castells por «atentar contra la seguridad jurídica»

Y lo más grave: el máximo órgano consultivo del Gobierno le advierte al ministro, Manuel Castells , de que su decreto «atentaría contra la seguridad jurídica, por la volatilidad del marco normativo aplicable». ¿Por qué? Porque el ministro está llevando a Consejo de Ministros de manera acelerada reales decretos (es decir, aquellos que ‘aterrizan’ o ‘desarrollan’ la Ley Orgánica de Universidades (LOSU), cuando esta ni siquiera ha sido aprobada (solo en primera vuelta por el Consejo de Ministros).

Así se desprende del dictamen que la Comisión Permanente del Consejo de Estado ha elaborado con carácter urgente, y al que ha accedido ABC, a petición del Ministerio de Universidades sobre un real decreto que pretenden llevar a Consejo de Ministros el próximo martes. Se trata del Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Este decreto, ‘famoso’ por eliminar el ‘3+2’ (tres años de carrera más dos de máster) instaurado por el PP, es duramente criticado por el Consejo de Estado . ¿Por qué? Porque Castells está haciendo el proceso inverso: aprueba reales decretos antes que la ley orgánica de la que emanan. Estas son las principales observaciones que hace el Consejo de Estado al real decreto de Castells.

Tal como se ha señalado anteriormente, el Consejo de Estado entiende que la aprobación de los decretos (también el de creación de universidades, aprobado el pasado 27 de julio en Consejo de Ministros y adelantado por ABC) «se producirán mientras está en curso la tramitación del futuro Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario -cuya consulta pública previa se celebró entre los días 18 de junio y 8 de julio de 2021». ¿Esto qué problemas puede suponer? El Consejo de Estado entiende « la norma proyectada podría tener una vigencia y aplicación total o parcialmente limitadas , en la medida en que sus previsiones no se acomoden a la futura ley orgánica del sistema universitario». Por eso, para el Consejo de Estado, «lo correcto hubiera sido que se produjese antes la aprobación de dicha ley orgánica y luego o, en todo caso, simultáneamente, la de sus normas de desarrollo».

«De otro modo, las normas reglamentarias están llamadas a su previsible sustitución en breve plazo, lo que atentaría contra la seguridad jurídica , por la volatilidad del marco normativo aplicable», espeta el Consejo, presidido por María Teresa Fernández de la Vega y quien fuera vicepresidenta primera en el Gobierno de Zapatero.

Una de las principales novedades del real decreto es que elimina todos los títulos de 180 créditos (es decir, tres años) y consolida los grados de 240 créditos, es decir , los equivalentes a cuatro años. Así desaparece el famoso '3+2' (tres años de carrera más dos de máster) implantado por el exministro del PP, José Ignacio Wert, con la excepción de aquellos que por directrices europeas deben tener 300 o 360 créditos. Se deja solo el '4+1 (cuatro años de carrera y uno de máster).

Lo primero que critica el Consejo de Estado es que este es cambio es demasiado abrupto: se produce tan solo seis años después de aprobarse el famoso '3+2'. «Esta eliminación de los grados de 180 créditos es una posibilidad admisible para norma en proyecto, atendidas las previsiones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Pero no puede dejar de indicarse que se trata de una novedad introducida en nuestro ordenamiento hace solo seis años (...) »

Por otro lado, y tal como ya informó ABC, en Europa lo habitual es que las carreras duren tres años porque permiten obtener el título y salir al mercado de trabajo más rápidamente . El hecho de que en España –donde lo habitual son cuatro años– sea diferente genera problemas a la hora de crear títulos conjuntos con socias europeas, que es algo bastante común en otros sistemas y refuerza la internacionalización.

Y esta es precisamente la otra crítica del Consejo de Estado, que recuerda que en 2015 (cuando se aprobó) defendió el '3+2': « El actual modelo conocido como '4+1', esto es, 4 años de grado (equivalente a 240 créditos ECTS) y 1 de máster no está en sintonía con la mayoría de los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, según reza el propio preámbulo del Proyecto, la modificación que se introduce (permitir el modelo '3+2', esto es 3 años para el grado y 2 años para el máster) contribuirá a la internacionalización de las Universidades y evitaría los actuales problemas de reconocimiento de títulos».

Así, añade que eliminar el '3+2' puede generar « disparidad » en cuanto a la movilidad del estudiantado entre países con grados de 180 créditos y países con grados de 240 que limitasen, estos últimos, «el acceso a los másteres a quienes careciesen de un grado con dicha carga crediticia, como podría ocurrir para el sistema universitario española con el estudiantado de otros países de la Unión Europea».

Además, para el Consejo de Estado, se vuelve a ir en contra del curso habitual. «Ahora, y a la espera de lo que resulte, en su caso, del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, se vuelve a modificar un aspecto muy sensible del régimen de los títulos universitarios , con sus correspondientes reglas transitorias de adaptación».

El dictamen del Consejo de Estado llama la atención sobre una disposición final, referida a las prácticas en hospitales, que dice: «Asimismo, será necesaria la armonización de la capacidad formativa del sistema público sanitario en el ámbito de hospitales públicos universitarios y universidades públicas ».

Este párrafo, llama la atención el CE, ha generado «numerosas críticas por parte de las universidades privadas, que entienden que el adjetivo de 'públicas' introduce una diferencia de trato entre universidades que privilegia a las públicas frente a las privadas, con contravención del principio de igualdad de trato». Por eso, el Consejo de Estado, le señala al Ministerio de Universidades que existe un sentencia del Tribunal Constitucional (STC 14/2019) que exige la disponibilidad de la estructura sanitaria pública para todas las universidades, sean públicas o privadas.

En definitiva, dice el CE, «debe suprimirse el adjetivo públicas (...) concluyendo de la siguiente manera: "...hospitales públicos universitarios y universidades"».

El Consejo de Estado también llama la atención sobre la memoria económica (que acompaña al real decreto). Esta dice que no es necesario hace una evaluación ex post , es decir, una evaluación a posteriori de si los cambios prometidos por el real decreto se cumplen. El CE no está de acuerdo con ello y le dice a Castells que esa « exclusión debe ser revisada » como le dijeron al ministro que lo hiciera con el decreto de creación de universidades. El Consejo de Estado entiende que este análisis de los impactos debe hacerse porque el proyecto puede presentar «incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales e impacto sobre la economía en su conjunto (...) lo que justificaría el sometimiento a dicha evaluación».

También se le exige que la memoria incluya el impacto por razón de cambio climático.

El ministerio ‘vende’ en el preámbulo del decreto que este está cargado de novedades: «Tiene por objeto el establecimiento de la organización y la estructura de las enseñanzas universitarias», «fija las directrices, condiciones y los procedimientos de aseguramiento de la calidad de los planes de estudios cuya superación permite la obtención de títulos con validez en todo el territorio»... El CE entiende que en realidad no es muy distinto del decreto de 2007 que se pretende derogar : «La norma proyectada tiene un amplio objeto que, sin embargo, no puede considerarse enteramente novedos», por lo que «es posible apreciar un indudable paralelismo entre la norma vigente de 2007 y el reglamento en proyecto».

El decreto versa sobre la estructura del sistema universitario español configurada por el grado, el máster y el doctorado. Ahora bien, y aunque parezca insólito, el Consejo de Estado le dice al ministerio que el proyecto no « disciplina en su totalidad el doctorado, cuya regulación sustantiva se encuentra en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado ».