Este verano se cierra con el menor número de incendios de la década

Como ya dijese la ministra del ramo en funciones, Isabel García Tejerina, la campaña va a ser «globalmente positiva», si bien no cabe «bajar la guardia» ni contra el fuego ni contra los instigadores del mismo.

Es la meteorología el factor decisivo que condiciona la dureza de las campañas. Y en esta ocasión, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los meses de junio, julio y agosto han tenido un carácter «cálido o muy cálido», con temperaturas medias superiores al promedio de estos meses en la serie histórica estudiada, siendo el cuarto mes de julio y el quinto agosto más cálidos desde el año 1961. La combinación de las altas temperaturas junto a los fuertes vientos y al hecho de que han sido tres meses «secos o muy secos», con precipitaciones medias que han supuesto tan solo el 52%, 60% y 35%, respectivamente, del promedio, ha hecho de este verano un verdadero polvorín incendiario para el patrimonio forestal.

Además del tiempo, según los expertos, entran en juego otros factores que avivan el fuego. Para empezar, la necesaria labor de prevención . Organizaciones ecologistas como WWF se quejan de que los incendios han de apagarse entre diez y veinte años antes de producirse, y se hace caso omiso con presupuestos muy recortados destinados a este fin. En opinión de Eduardo Rojas, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, «una parte importante de los montes españoles corresponden a masas jóvenes procedentes de regeneración espontánea sobre espacios agrícolas, y pastizales abandonados, de repoblación o antiguos montes usados para leñas. En todos estos casos se trata de masas muy densas y árboles de poca dimensión, con lo que toda la carga de biomasa está disponible para arder». Y añade: « Los montes han sido dejados a su suerte y son modelos de combustible muy peligrosos».

Para Rojas, es el abandono del monte y de amplias zonas del interior y de montaña el verdadero reto a afrontar por parte de las autoridades, en lugar de culpar a intereses especulativos y de recalificación urbanística. No en vano, a juicio de Rojas y de otros representantes del sector forestal consultados por ABC, la Ley Básica de Montes esfumó esos motivos espurios detrás de los fuegos porque prohíbe urbanizar en suelo quemado . «Los medios de extinción pierden un tiempo precioso en evacuar y proteger las viviendas mientras el fuego se expande sin control» (algo que ocurrió en el reciente fuego de Jávea, Alicante, donde algunos vieron un «terrorismo» dirigido contra las personas que habitaban las urbanizaciones, más que contra el patrimonio natural). De hecho, el decano de los ingenieros advierte de un nuevo tipo de incendio de interfaz urbano-forestal de gran peligro contra la población. «Como siempre, es más fácil distraer la atención sobre el causante del incendio, con especulaciones, que entonar el “mea culpa” por parte de municipios que no han hecho los deberes previos», completa.

Desde la plataforma Maderea, que da voz a empresas del mercado nacional de la madera, su cofundadora Isabel María Llorente, rebate el balance del Ministerio competente, y recuerda que los siniestros forestales de este verano «tendrán graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, a corto y largo plazo». «Los montes son un recurso económico muy importante por el valor de sus productos, como pueden ser las setas, la madera, el corcho, los piñones o por las actividades cinegéticas que se desarrollan en él», considera esta ingeniero forestal, por lo que hay que invertir más en prevención . «Vivimos sobre un polvorín y, como en una gasolinera, hay que tomar las medidas pertinentes para reducir los riesgos», advierte Rojas.

El último factor de la batalla contra el fuego es poner coto a los incendiarios. La piromanía es un trastorno mental que estuvo detrás del 50,8% de los siniestros que se iniciaron deliberadamente en 2015. Pero, según la Fiscalía de Medio Ambiente en su memoria de 2015, los fuegos intencionados son el 16,2%. El resto obedece a negligencias . El año pasado se esclarecieron el 29,3% de los 2.607 incendios investigados por la Guardia Civil. Por cada 8,9 incendios, hubo un detenido. La caza no provocó ningún conato el año pasado; mientras que las quemas agrícolas supusieron casi el 40% del total.