La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá

Celaá insiste en que se garantiza el castellano aunque la nueva ley educativa da vía libre a Cataluña para desterrarlo

El anteproyecto de ley que modifica la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y deroga la «Ley Wert», llega este viernes al Consejo de Ministros para una «primera lectura»

MADRIDActualizado:

El anteproyecto de la nueva ley educativa que prepara el Gobierno ha llegado este viernes al Consejo de Ministros para su estudio. Se trata de una «primera lectura», ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá, de esta ley que retoma, con modificaciones, la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y que supone, al mismo tiempo, la derogación de la Lomce, más conocida como «Ley Wert». «Supone una modernización del sistema, lo que se hace con esta ley es modernizar la LOE, sobre la que se reclinaba la LOMCE, y situarla en las directrices europeas y la OCDE», ha dicho Celaá.

Preguntada por las garantías de la enseñanza del castellano en las aulas, Celaá ha dicho que está en «una proporción» y que se garantiza como lengua oficial. Sin embargo, el texto parece decir lo contrario.

El anteproyecto elimina la obligatoriedad de dar castellano y catalán «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce. Y queda redactado así: «Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes».

Sin embargo, Celaá ha defendido las garantías de la enseñanza del castellano aludiendo a otra parte del texto, la que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para determinar el currículo de las materias (no en qué lengua se imparten).Así, el nuevo texto asignan un 55 por ciento al Estado en caso de comunidades con lengua cooficial y un 65 en las demás.

«El Estado se reserva el 55 por ciento cuando habla de lenguas cooficiales y el 65 cuando trata con comunidades sin lengua; ahí también está contenido el castellano. Está en una proporción, se garantiza el castellano como lengua oficial. ¿Desde hace cuatro meses no se garantiza?», defendió Celaá.

Religión

Preguntada por la asignatura de Religión cuya presencia en el texto reclaman muchas organizaciones, Celaá ha dicho que «sí está». El problema es que se regula en las disposiciones adicionales segunda y tercera y, por tanto, se la deja afuera del bloque de asignaturas fundamentales.

La nueva ley elimina de la Lomce el apartado 3, que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. El problema es que dejar esta asignatura apartada del resto, podría suponer un tratamiento distinto de la misma en relación al resto de materias. Los acuerdos suscritos con la Santa en 1979 establecen que la Religión tendrá un tratamiento «equiparable a las demás disciplinas fundamentales».

Fase de consultas

Celaá ha aclarado que el texto que ha aterrizando en el Consejo de Ministros no es el texto definitivo sino que está en una fase de consultas a falta del informe del Consejo Escolar del Estado. Se preveé que el texto final llegue al Congreso en el mes de enero.

Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa. Es precisamente, el sesgo político de la nueva ley y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que avanzó ABC el pasado lunes.

Las críticas también se hacen a la posibilidad que contempla el nuevo texto a obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, a la eliminación de la «demanda social» (que se entiende como un golpe la concertada) en el artículo 109.2, que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación» o al «principio de participación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza».

8 millones de estudiantes, 700.000 docentes y 28.000 centros

La ministra ha precisado que este anteproyecto afectará a 8 millones de estudiantes, a 700.000 docentes y 28.000 centros educativos. Además, ha aclarado que el texto es «respetuoso con la Constitución». «Respeta las competencias del Estado como de las comunidades autónomas», ha dicho la ministra.

Celaá ha explicado que con este nuevo texto se vuelve en Primaria a los ciclos educativos. «El sistema educativo español tiene un problema de excesivas repeticiones, establecer una Primaria por ciclos reduce esa inoportunidad de que los alumnos repitan curso a curso». La tasa de repetición, ha precisado, es del 27 por ciento.

Ha recordado, además, que se eliminan las reválidas, los itinerarios tempranos y se evita doble titulación para la ESO, es decir, solo habrá una titulación a la que se pondrán encaminar también los alumnos que estén en FP Básica. «Habrá, en consecuencia, muchos más recursos en juego en el sistema, el alumno que repita tendrá asignado un tutor del centro y se procurará que llegue con éxito al final del recorrido».

«Modernizamos de tal manera que nadie se quede atrás para que todos tengan un trabajo digno en la vida. Es un camino con múltiples pasarelas, muy flexibles, y no se le condiciona a nadie»

La ministra ha aclarado que también habrá un Bachillerato más flexible (el texto permite obtener el título con una asignatura suspensa) y se pone el foco en el estudiante. «Es una escuela inclusiva», ha dicho.