Cinco sentencias obligan a la Generalitat a aplicar el 25% en español

Una vez más, la Generalitat, que se resiste a adaptar el modelo de inmersión lingüística a la legalidad sin necesidad de que los padres tengan que acudir a la Justicia, tendrá que hacerlo obligada por el TSJC. De momento, desde septiembre, en tres escuelas más y a la espera de que se resuelva el fondo de la cuestión particular de los cinco nuevos casos. Además, en el horizonte está lo que decida el Tribunal Supremo tras la histórica sentencia del TSJC de diciembre de 2019 -recurrida por la Generalitat- que declaró ilegal el modelo lingüístico catalán en su conjunto, si se aplica dejando el uso del español en algo residual.

En los cinco autos del TSJC firmados a finales de junio, prácticamente idénticos, y que en cuatro de ellos se imponen las costas devengadas a la Generalitat, los magistrados aceptan la petición de las medidas cautelares para que a partir del inicio del curso 2021/2022 se aplique el 25 por ciento en español en los tres colegios.

El TSJC hace suya así, una vez más, la doctrina jurisprudencial que fijó el Supremo al aceptar las cautelares solicitadas por los padres de los alumnos, que cuentan con el asesoramiento legal de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) -entidad que no ha perdido ningún litigio en esta materia-, porque hay que tener en cuenta «que el paso del tiempo, y el retraso en su aplicación, curso tras curso, genera a los alumnos un perjuicio que puede ser irreparable a los efectos pretendidos en el recurso».

Tras perder las cautelares, la Generalitat tampoco lo tendrá fácil sobre el fondo de la cuestión , si hacemos caso a los argumentos que utiliza el TSJC en estos cinco últimos autos. Los magistrados recuerdan que de lo que se trata es que «sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable, que 'no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular'».

En este sentido, en línea con lo que solicitan los padres, es decir, que se aplique el bilingüismo en las aulas y convivan el uso del español y del catalán con normalidad, el TSJC recuerda la doctrina constitucional (sobre todo las sentencias de referencia 337/94 y 31/2010), que indican que «resulta perfectamente 'legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo', aunque siempre con el límite de que 'ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso'».

Por ello, corresponde a la Generalitat, en tanto que es administración competente en la materia, aplicar las directrices constitucionales correspondientes para que se apliquen los derechos de los recurrentes.

Así lo recuerdan una vez más los magistrados del TSJC, tomando como referencia una sentencia del Supremo: «El derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán».

Así y teniendo en cuenta que la llamada «atención particularizada», sistema polémico que llegó a implementar la Generalitat, no es aceptado por los tribunales, como tampoco por los padres, y haciendo caso a la normativa educativa actual, incluyendo la 'ley Celaá', el TSJC reitera a los tres colegios afectados que transformen su sistema lingüístico (proyecto lingüístico) de modo que los niños «junto con sus condiscípulos» utilicen en la proporción de un 25 por ciento el español como lengua vehicular, que debe concretarse en que se imparta en español, además de la asignatura de Lengua española, «cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

De la misma manera, se advierte a los directores de los centros de estudios y la Consejería de Educación que deben adoptar «las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad » de la familia recurrente y el alumno en concreto.