Cinco claves para entender el culebrón judicial de El Algarrobico
Con el fallo del Tribunal Supremo comienza la cuenta atrás de la demolición del hotel de El Algarrobico. Éstas son las cinco preguntas clave para entender un embrollo judicial que se ha prolongado durante años
Hotel Algarrobico, construido en el Cabo de Gata, en Carboneras (Almería)EFE
¿El fallo del Supremo acaba definitivamente con los litigios de El Algarrobico?
Sí. El único «fleco» que queda abierto es la reclamación de una indemnización por parte de la promotora del hotel, que reclama 70 millones de euros. Este fallo concluye que el hotel ... es ilegal, pues vulnera la ley de Costas, y a partir de ahora también la Ley de Espacios Protegidos. Por tanto, «no hay más salida que la demolición», explica Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
¿Quién debe proceder a su demolición?
El Gobierno central y la Junta de Andalucía. Ambas administraciones firmaron un protocolo de colaboración, publicado en el BOE del 6 diciembre de 2011, para la recuperación de la playa de El Algarrobico. Las competencias están compartidas porque por la salvaguarda de las playas actúa el Estado y en la Junta de Andalucía recae la protección de los parques naturales de su territorio.
Tras el fallo del Supremo, ¿la demolición es inmediata?
Deben decidirlo las dos administraciones. «La justicia acaba de dar respuesta a ese cuándo», dice Marcos.
¿Y quién corre con los gastos?
Según el protocolo de demolición, al Ministerio de Medio Ambiente le toca pagar los costes de la demolición, a la Junta lo que cueste el desescombro y el correcto tratamiento de los residuos que la demolición genere; y ambas administraciones cofinanciarán la restauración ambiental y la devolución del espacio a su estado original.
¿Cuánto cuesta todo ese proceso?
En 2012 se encargó a la consultora Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona. El presupuesto elaborado fue de 7.175.000 euros. Ese mismo año Greenpeace había encargado otro presupuesto, que ascendía a 7,3 millones de euros, una cifra muy similar.
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