Celaá anuncia un año de prácticas tuteladas para los que inician la carrera docente y renuncia al MIR Educativo

Celaá esbozó las líneas generales de la nueva ley y detalló que se reforzará la profesión docente, se actualizará el aprendizaje en un currículo moderno, se promoverá la universalización progresiva de la educación de 0 a 3 años, se impulsará la FP, se digitalizará la educación y se garantizará la equidad del sistema de becas y ayudas al estudio.

Respecto a los profesores, el anteproyecto presentará, concretamente, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, «una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente». S e propondrá un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión. Un programa de inducción a la profesión.

Ello dista mucho del MIR Educativo del que habló por primera vez el expresidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, y quien inspiró a Alfredo Pérez Rubalcaba para consagrar el término en 2010. El MIR de la Conferencia de Decanos de Educación también parece ser bien diferente a lo que Celaá puso ayer sobre la mesa ya que el de estos arrancaría después de la carrera universitaria, se extendería dos años, sería remunerado y daría lugar a una acreditación para acceder a una plaza definitiva.

En este sentido, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Sandra Moneo, criticó que se «ha renunciado al MIR educativo como prueba única y a cualquier elemento vertebrador del sistema educativo porque necesita el apoyo de sus socios independentistas». Por su parte, el sidicato CSIF ha señalado que «con estas propuestas de nuevo se vuelve a cuestionar la profesionalidad de nuestros docentes» y exigió que el acceso a la función pública se negocie en el marco de un Estatuto Docente.

Celaá planteó el cambio del currículo par reducir las actuales tasas de repetición de curso, «que casi triplican la media de la OCDE y para su reducción se requiere de estrategias escolares apoyadas con una visión general de la educación integradora en todas las etapas. Un currículo no memorístico, ni enciclopédico, sino competencial», ha dicho Celaá. Para ello, anunció la creación de Instituto de Desarrollo Curricular «que, en cooperación con las comunidades, contribuya a la actualización permanente de los currículos y sea un referente para la innovación en el desarrollo curricular».

La creación de un instituto chirría con otros apartados del proyecto de ley (LOMLOE) en los que se establece una « organización flexible de las enseñanzas ». De hecho, el artículo 19.4 señala que «las Administraciones educativas impulsarán que los centros establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado». Además, señala que «la flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada la concesión de un espacio propio de autonomía de los centros».

«Los currículos deben ajustarse a la Constitución y estar exentos de cualquier consideración ideológica», señaló al respecto Sandra Moneo, del PP. «El futuro de la enseñanza va en línea de una mayor autonomía de los centros y una mayor flexibilidad en contenidos y metodología. La creación de un instituto de desarrollo curricular plantea más incógnitas que soluciones y lo vemos contraproducente e innecesario», apuntó Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

La ministra ha señalado la responsabilidad de «consolidar una enseñanza pública de calidad como garantía del derecho a la educación y elemento vertebrador de una sociedad justa, solidaria y sabemos que en esta tarea podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación».

Sin embargo, Marta Martín , responsable de Educación de Ciudadanos le manifestó su preocupación porque el socio del Gobierno, Unidas Podemos, que señalaron «en su programa electoral que no quieren potenciar la concertada». Martín anunció que su partido va a presentar un proyecto de ley que incluya todas las sentencias del TC sobre la libertad de elección de los padres.

Martín alude a la polémica generada cuando la ministra dijo en un Congreso de Escuelas Católicas que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo emana de la Constitución . En la misma línea que la diputada de Cs se dirigió a Celaá, Óscar Clavell , portavoz de Educación del PP: «Defendemos la libertad de las familias, ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos», sentenció.

Respecto a la concertada, Celaá respondió que «estamos en contra de la diversificación del negocio construyendo colegio que luego son objeto de venta o que toman conciertos y luego reparten beneficios. Pero hay centros que cumplen e integran necesidades y están colaborando aunque la pública sigue acogiendo más inmigrantes», criticó la ministra.

Celaá también fue criticada por la responsable de educación de Vox, Georgina Trías, por las declaraciones que hizo recientemente cuando para justificar su rechazo al «pin parental» de Murcia afirmó que « los hijos no pertenecen a los padres ». «Los menores son titulares de sus propios derechos, pero es que si ustedes no lo ven aún siendo materia constitucional pura y dura...Esto es una cuestión de dominio común y hasta los niños pequeños saben que son titulares de sus derechos. Eso no significa que los hijos son del Estado, eso es una interpretación o malintencionada o ignorante», respondió Celaá.

Celaá fue también preguntada por Martín por la posibilidad de implantar una prueba de Selectividad (EBAU) única en toda España. «La EBAU no se puede cambiar en este momento, no podríamos hacerlo ahora pero no va a haber una EBAU única porque las comunidades tienen sus competencias en currículo y estas han de ser respetadas. Además, hay una clarísima satisfacción por parte del a universidad como por parte de los alumnos y las familias. Sí que hay componentes en cuanto corrección, en cuanto a magnitud de materia que podríamos acercar y en ese trabajo estamos ahora", contestó la ministra. Por su parte, Montse Bassa , de ERC djo que la «EBAU única atenta contra la autonomía de las universidades".

En cuanto a las becas anunció se reducirá gradualmente a 5 la nota para los alumnos universitarios como para los de Bachillerato y FP. Además, «se reducirá de manera sustancial, o se eliminará, la cuantía variable, elevando las cuantías fijas en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias».

La división entre parta fija y variable la introdujo el exministro de Educación, José Ignacio Wert. La parte variable está vinculada (entre otros conceptos) a la nota del alumno y se reparte de lo que queda una vez adjudicada la parte fija. Wert creó este sistema para evitar que el presupuesto dedicado a becas creciera sin cesar ya que cada vez que un alumno que cumplía los requisitos (renta, residencia, desplazamiento, etcétera) solicitaba una ayuda y se le concedía. La idea de Wert era darle a cada uno lo que le correspondía pero con el límite que imponía el presupuesto.

Tanto el PP, como Cs y Vox llamaron la atención a la ministra sobre el adoctrinamiento en las aulas: « Se adoctrina sin pudor, los independentistas deciden en que lengua se educa a los niños », dijo Clavel. «No queremos prohibir otras lenguas pero sí que las familias que tienen como primera lengua en español reciban clase en su lengua materna, pero no una lengua impostada para crear una nación artificial», disparó Joaquín Robles López , de Vox. «Usted ha dicho que no tiene conocimiento de ningún tipo de adoctrinamiento y le digo yo que si, porque ha habido registros de inspección educativa. ¿Sigue usted sin darse por enterada de estas cuestiones?», planteó Martín.

Por su parte, Celaá dijo que el adoctrinamiento «no es tolerable» y que «no podemos funcionar con el rigor de un medio o un tuit, tenemos que documentar aquello que se denuncia y por los conductos que el Estado de Derecho establece». «Puede ser adoctrinamiento con la lengua, pero puede ser de aquellos que afirman que la tierra es plana o de aquellos que no quieren que haya una educación para la sostenibilidad o la coeducación. El Gobierno no puede trabajar con afirmaciones genéricas , con documentación probada, por lo tanto, hagamos las cosas bien porque a todos nos obliga la ley».

Respecto a la educación infantil de 0 a 3 años, la ministra anunció que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno « elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta suficiente con equidad y calidad que garantice su carácter educativo".

También anunció «un proyecto de ley para una Formación Profesional moderna y europea que articule todos los sistemas de formación: la FP del sistema educativo y la FP para el empleo".