Baleares aprueba el proyecto de ley que limitará al máximo el uso de plásticos a partir de 2020

Finalmente, se han añadido nuevas limitaciones, además de las ya citadas, tras el periodo de exposición pública al que fue sometido el anteproyecto de dicha ley en el primer semestre de este año. Así, se prohibirán también las bandejas destinadas a empaquetar productos alimenticios, que tendrán que ser compostables a partir de 2020, o las anillas de plástico que sujetan paquetes de latas o botellas de bebidas, que tendrán que ser de material biodegradable a partir del mismo año.

Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol , que cuenta con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. En ese contexto, el consejero de Medio Ambiente ha explicado que la futura ley de residuos y suelos contaminados, pionera en toda España, era una «asignatura pendiente». La nueva norma , que a partir de ahora será debatida en el Parlamento regional, «pretende recoger todos los principios de la política de residuos que se están marcando desde Europa» . Vidal ha recordado que en la actualidad sólo el 15 por cien de los residuos se recogen de manera selectiva en el Archipiélago.

En el marco de la nueva ley, también a partir de 2020, sólo se permitirá la distribución de bolsas de plástico compostables muy ligeras, siempre que se destinen únicamente a productos alimenticios para prevenir el desperdicio o para cuestiones de higiene o seguridad. Además, dentro de un año y medio se tendrá que evitar la venta de productos que contengan microplásticos o nanoplásticos, así como las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar o cartuchos de impresoras y fotocopiadoras.

El consejero ha explicado igualmente que, en el mismo horizonte temporal, las cápsulas desechables de café, infusiones, caldos y otras utilizadas en cafeteras se tendrán que fabricar con materiales compostables o fácilmente reciclables. Asimismo, los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas tendrán que ofrecer información sobre los efectos de estos productos en el medio ambiente. Por otro lado, las ordenanzas municipales de cada consistorio tendrán que incorporar medidas de prevención y minimización del abandono de residuos en las playas, «como por ejemplo las colillas de tabaco o los envases».

La futura ley prevé también una racionalización en el uso de los envases. Así, se promoverá la instalación de fuentes de agua potable o el suministro en envases reutilizables y se prohibirá la distribución de bebidas en envases desechables en las instituciones públicas. En los eventos públicos que cuenten con apoyo de las administraciones, se tendrán que implantar alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos desechables. Por otra parte, los establecimientos de hostelería y restauración siempre ofrecerán a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada apta para el consumo humano, de forma gratuita y complementaria.

Vidal ha añadido que «un punto clave» de la ley es «la lucha contra el desperdicio alimentario» . En ese sentido, se prevé la reducción del desperdicio de alimentos hasta el 50 por cien en 2030 con respecto a 2020. Para ello, se creará un código de buenas prácticas, que incluirá que los comercios y puntos de venta no puedan eliminar alimentos en buen estado. Además, la comida cocinada que sobre de comedores escolares , hospitales, residencias, grandes colectivos o grandes eventos, entre otros, se podrá entregar a comedores sociales y a los particulares que lo necesiten, con la armonización previa de la normativa sanitaria .

Por otro lado, la nueva normativa fomentará la recogida separada de residuos en origen, que tendrán que asumir todos los establecimientos públicos y privados y los entes locales en un plazo de dos años. Además, desde la promulgación de la ley todos los contratos de limpieza tendrán que prever esa separación en origen. También se tendrá que ofrecer la recogida diferenciada de materia orgánica compostable, aceite vegetal usado, residuos textiles y residuos peligrosos, todos ellos de origen domiciliario.

El consejero de Medio Ambiente ha recalcado que, por primera vez, se exigirá a todos los municipios que garanticen el servicio de un centro de reciclaje a sus ciudadanos, ya sea de manera independiente o mancomunada, así como un espacio de recepción y almacenaje selectivo de residuos y de productos usados, averiados o no, que ya no interesen al propietario , con el objetivo de que puedan ser reaprovechados, reutilizados o reparados para reutilizarlos. La futura ley incluye también el fomento de la recuperación, clasificación y reutilización de los documentos que contengan valor patrimonial, histórico o cultural importante, como mapas, revistas o libros.

La ley exigirá igualmente transparencia en las tarifas, las tasas y los precios públicos de recogida y de tratamiento. Además, los gestores de residuos registrados, sean peligrosos o no, estarán obligados a presentar los datos relativos a los residuos producidos y gestionados durante el año anterior. En ese marco, se creará el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Islas Baleares, de forma que los productores estarán obligados a elaborar y enviar al Govern un estudio de minimización en la producción de residuos cada cuatro años.

Con respecto al traslado de residuos, desde la entrada en vigor de la normativa quedará prohibida la importación de residuos con destino a plantas de tratamiento públicas ubicadas en el territorio del Archipiélago. Además, no se podrá incinerar ni verter ningún tipo de residuo sin que antes haya habido un pretratamiento. En cuanto al régimen de multas previsto en la nueva ley, las infracciones leves serán castigadas con sanciones de entre 300 y 9.000 euros. Por su parte, las infracciones graves pueden suponer sanciones de hasta 300.000 euros , mientras que las muy graves pueden implicar multas de hasta 1.750.000 euros.

Vidal ha explicado también que se apostará por la « educación ambiental» , estableciendo acciones de formación y concienciación social, hasta el punto de que los contratos de recogida o tratamiento de residuos con licitación pública tendrán que destinar un uno por cien a esas acciones de sensibilización. El consejero ha confirmado, por último, que la nueva ley será aprobada en la presente legislatura autonómica, que concluye en mayo de 2019.