Armengol colocó ‘a dedo’ a un director de Salud que no sabe catalán mientras expulsa a los trabajadores de la sanidad por el requisito

La consejería de Salud, comandada por la socialista Patricia Gómez, contrató en 2019 a Héctor Martín Bergua como director de gestión y servicios generales del Área de salud de Ibiza y Formentera al considerar que era e l candidato «más idóneo» . Basó su elección en que era personal de confianza, un argumento que la justicia ahora le ha recordado que no es justificable.

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, declara nula la Resolución del nombramiento del actual director de gestión y servicios generales del Área de salud de Ibiza y Formentera y «retrotrae la convocatoria al momento inmediatamente anterior al acto del nombramiento para que la consejería de Salud proceda a emitir una nueva Resolución con plena libertad y esta vez sujeto al ordenamiento jurídico que establece la sentencia».

El juez recuerda que el procedimiento de libre designación no exonera al departamento balear de Salud del deber de motivar su elección para garantizar que se han barajado todas las opciones. Reprocha, además, que en su resolución se limitara a reseñar que «vista la documentación aportada», Martín era el «candidato más idóneo». Para el juez, estaríamos ante un «mero voluntarismo que dejaría en papel mojado la existencia de una convocatoria pública», por lo que concluye que «la motivación fue del todo insuficiente y por ende anulable».

Pese al varapalo judicial, desde el IB-Salut afirman que no se reemplazará a Martín , de momento, ya que tiene dos meses de plazo para motivar ante el juez la designación de este cargo.

Desde el Sector de Sanidad de CSIF Islas Baleares están satisfechos con el fallo judicial y el logro de los servicios jurídicos del bufete Abogados Fiol. «No podíamos permitir al IB-Salut que un puesto de libre disposición para un alto cargo directivo como es la Dirección de Gestión y Servicios generales del Área de Salud de Ibiza y Formentera lo adjudicaran de manera arbitraria e injustificada , con una clara desviación de poder y sin respetar los principios constitucionales, lo que ha sido ratificado en la sentencia del juzgado tras la demanda interpuesta por este sindicato», afirma Luis Enrique Apolinar, presidente del sector de Salud del sindicato denunciante.

CSIF recalca que la comisión de evaluación de la convocatoria no realizó ni una mínima ponderación comparativa entre los candidatos, adjudicando el puesto al aspirante con menos experiencia y méritos para el puesto , alegando únicamente confianza profesional y personal.

El sindicato alegó que la empresa en la que había trabajado Martín se dedicaba a la prestación de servicios asistenciales como la ayuda a domicilio, lavandería, comida a domicilio o ayudas técnicas, «algo que distaba mucho de las funciones propias del cargo y que tenía más que ver con los servicios sociales que con la sanidad».

Además, existían otros candidatos con una experiencia y unos méritos más acordes con el puesto que fueron descartados sin haber realizado una valoración de sus méritos . De hecho, uno de los aspirantes había ocupado el citado puesto en dos ocasiones y otro de los candidatos tenía un cargo con las mismas funciones en el Hospital de Formentera. «Es decir, existían perfiles con méritos acreditados y acordes con las funciones para desempeñar, pero la administración optó arbitrariamente por adjudicarlo a una persona que no demostró la experiencia y méritos para ese puesto», critica el sindicato.

Para Apolinar, «ha quedado demostrado que este nombramiento a dedo ya estaba decidido antes de convocar dicho puesto , haciendo de la convocatoria pública un teatro y tratando al resto de participantes como unos meros figurantes», denuncia Apolinar, que considera que esta sentencia es un varapalo para la Consejería de Salud. «No todo vale para la colocación de sus afines, menospreciando al resto de candidatos sin ningún reparo , utilizando las vías normativas establecidas legalmente para enmascarar sus decisiones arbitrarias», apostilla.

Martín también era el único de los cuatro aspirantes que carecía de nivel de conocimiento del catalán , algo que no le importó al Gobierno balear, que exige el requisito lingüístico para trabajar en la administración pública, incluida la sanidad. De hecho, se ha expulsado a 2.500 celadores , 11 optometristas, 40 auxiliares de enfermería y 1.600 auxiliares administrativos de las bolsas de trabajo por no tener el título de catalán, mientras se permite que uno de los máximos responsables de estos trabajadores se exima de la acreditación lingüística.

Martín, que cobra un sueldo de 55.000 euros más incentivos, tiene entre sus funciones gestionar el presupuesto y el personal, además del mantenimiento y los contratos. «Es raro que se pida el catalán a los empleados, y que todos los carteles estén en catalán, pero a un alto directivo que, en principio, debería hacer informes y hablar con sus trabajadores en esta lengua no se le exija», incide Apolinar. Casi siete años después de imponer el requisito lingüístico para los trabajadores de la Función Pública, el Gobierno de Armengol sigue ocultando el número de altos cargos y personal de confianza sin título de lengua catalana.