Aprobada la Ley de la Infancia, que contará con 70 millones de euros para su puesta en marcha

La ley, que ha obtenido 297 votos a favor y 52 votos en contra (solo Vox no ha votado a favor) introduce cambios sustanciales en lo que a la protección de los menores frente a la violencia se refiere. El más relevante, y muy celebrado por las organizaciones y asociaciones que defienden los derechos de los niños, fue la ampliación del plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves a menores , que hasta ahora comenzaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años, y con esta norma lo hará a partir de los 35 años.

La norma -que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE- establece la obligación de escuchar al menor durante todo el proceso y elimina el conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP) , que implica no dar crédito al testimonio del niño al creer que está actuando bajo la presión de su padre o madre. Así, se deberá reconocer la denuncia de la víctima sin tener en cuenta su madurez y se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años, para evitar la revictimización del menor. Además, en casos de violencia de género en los que haya indicios de que los menores hayan sufrido o presenciado la violencia, se suspenderá el régimen de visitas.

Tras su paso por el Senado, se añadió a la norma la prohibición de determinadas prácticas durante las pruebas médicas para la determinación de la edad , situación que se da sobre todo ante la llegada de menores no acompañados que llegan a España cuando no se conoce si son menores de edad, como las exploraciones genitales o los desnudos integrales. La Cámara Alta también acordó modificar el artículo 59 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para prohibir el uso de la contención mecánica en los centros de menores, de manera que desde la entrada en vigor de la ley solo se podrá llevar a cabo, y de manera excepcional, la sujeción de las muñecas con equipos homologados cuando no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Del mismo modo se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción del menor a una cama articulada o a un objeto y, en cualquier caso, la aplicación de las medidas permitidas tendrá que contar con la exploración física del niño por un facultativo médico en un máximo de 48 horas para emitir un parte médico, así como la comunicación de las mismas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

Algunos de los artículos entrarán en vigor a los seis meses de la publicación de la ley en el BOE. Es el caso del que establece la creación de la figura del coordinador de bienestar o protección en los centros educativos , que actuará bajo la supervisión del director del centro es cuestión. También se designará la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio en las que están implicadas menores de edad.

Una vez entre en vigor la norma, todos los ciudadanos tendrán el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre niños. Además, se establece que en los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación derivará en el respeto al honor, intimidad y la propia imagen del niño y sus familiares incluso en el caso de la muerte del pequeño. La difusión de la imagen del menor tendrá que contar con la autorización expresa de sus progenitores . Se podrán evitar así situaciones como la que se dio hace unos meses con Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería en 2018 por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada. Su madre, Patricia Ramírez, denunció el pasado marzo la difusión de fotografías de su hijo en internet y pidió a las autoridades normas que impidan este tipo de actuaciones.

La ley reconoce la especialización de los órganos judiciales y de sus profesionales para las causas penales por delitos que se hayan cometido contra niños. Además, se plantea la inclusión de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Para ello, las carreras judicial y fiscal contarán además con formación especializada en el asunto. También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán contar con unidades especializadas en violencia contra menores.

Se establece también un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre los menores, cuyos datos se incorporarán en el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia. En esta línea, se otorga la condición de agente de la autoridad al personal funcionario de los servicios sociales , que podrá solicitar la colaboración de cualquier servicio público.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se establece la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia , en el que participarán niños, niñas y adolescentes.

«Esta ley es de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que nos rodean y de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que ya no lo son pero que fueron víctimas y llevan mucho tiempo esperándola », ha expresado durante su intervención María de la O Redondo, diputada del PP, que ha hecho hincapié en la necesidad de una dotación presupuestaria para su desarrollo. «Hoy es un muy buen dia para la labor parlamentaria porque vamos a demostrar la mejor condición de representantes de ciudadanos y ciudadanas», ha seguido el diputado socialista Omar Anguita.

Belarra ha intervenido para asegurar que la aprobación de esta norma supone «un hito fundamental» en España. «El mayor éxito es mandar un mensaje a la sociedad española de que no es aceptable ninguna forma de violencia hacia los niños o niñas en un estado que sea digno del nombre de democracia», ha sentenciado, a la vez que se ha referido a su consecución como «un logro colectivo».

Los representantes de las principales organizaciones de la infancia se han acercado hasta el Congreso para celebrar su aprobación. «Esta ley va a poner a España a la vanguardia en protección de la infancia en todo el mundo», ha dicho Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y política de Save The Children. «Hoy es un día en el que vamos a dar un paso enorme pero vamos a seguir trabajando, pues ahora la ley tiene que ser desarrollada autonómicamente, hace falta una estrategia y es necesario ese cambio social», ha asegurado por su parte la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.