La Ley de la Infancia prohibirá las exploraciones genitales para determinar la edad de los menores

De las 409 enmiendas presentadas al proyecto en la Cámara Alta, algunas de las que incluían cambios sustanciales en el contenido de la norma se han mantenido vivas hasta este mismo miércoles , cuando finalmente los grupos han acordado varias transaccionales. Entre otras, se ha pactado la creación, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, en el que participarán niños, niñas y adolescentes.

El Senado ha añadido también un nuevo apartado al artículo 8 de la ley, sobre la colaboración público-privada. Así, la norma establece que en los casos de violencia sobre la infancia la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación derivará en el respeto al honor, intimidad y la propia imagen del niño y sus familiares incluso en el caso de la muerte del pequeño . La difusión de la imagen del menor tendrá que contar con la autorización expresa de sus progenitores.

La Cámara Alta también ha acordado modificar el artículo 59 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para prohibir el uso de la contención mecánica en los centros de menores . Tal como han acordado los grupos, solo se podrá llevar a cabo, y con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas con equipos homologados cuando no sea posible aplicar medidas menos lesivas, mientras que se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción del menor a una cama articulada o a un objeto. En cualquier caso, la aplicación de las medidas permitidas tendrá que contar con la exploración física del menor por un facultativo médico en un máximo de 48 horas para emitir un parte médico , así como la comunicación de las mismas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

También se ha acordado practicar la prueba constituida , es decir, la grabación del testimonio del menor para evitar que este tenga que volver a declarar, en los casos en los que menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección tengan que intervenir como testigos de procedimientos judiciales.

La ley ya contó en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que mostró su desacuerdo con el contenido, PNV, que votó en contra al considerar que la ley invadía competencias autonómicas y Bildu y PdeCat, que se abstuvieron. Ahora, en la Cámara Alta, la norma solo ha encontrado la oposición de Vox , pues una enmienda transaccional pactada en el último momento salvaguarda ese ámbito competencial que los grupos nacionalistas venían reclamando.