El Gobierno sancionará a los padres que incumplan los protocolos de adopción

Según precisaron portavoces del ministerio, antes de endurecer el marco legal, el Servicio de Adopción había recibido numerosas quejas procedentes de Rusia y Ucrania «reclamando informes de seguimiento postadoptivo pendientes». Las mismas fuentes recordaron que los requisitos exigidos a las familias son diferentes en función del país. Rusia y Ucrania, en concreto, piden a los adoptantes que los informes, que incluyen un estudio sanitario, escolar y familiar del menor y que suponen un coste medio de unos 400 euros, se envien hasta que los menores alcancen la mayoría de edad.

Entre otros cambios, en el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, al que ha tenido acceso ABC, se contempla la reforma del artículo 11 de la Ley de Adopción Internacional. En dicho artículo se establece que «la no colaboración de los adoptantes en la fase postadoptiva podrá dar lugar a sanciones administrativas previstas en la legislación autonómica y podrá ser considerada, causa de no idoneidad en un proceso posterior de adopción».

En el mismo artículo se establecen también «consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones postadoptivas a las que los progenitores y las Administraciones Públicas están obligadas respecto de los países de origen de los menores». Añade que «los adoptantes deberán cumplir en el tiempo previsto los trámites postadoptivos establecidos por la legislación del país de origen del menor adoptado, recibiendo para ello el asesoramiento preciso por parte de las Entidades Públicas de Protección de Menores y las Entidades de Colaboración de Adopción Internacional».

Respecto a las sanciones previstas en la nueva normativa, portavoces del ministerio recordaron que el Gobierno reenvía a las comunidades autónomas las quejas de los países y son éstas, con competencias en materia de protección a la infancia, «las que establecen las sanciones».

Cataluña fue pionera a la hora de sancionar estas conductas, tal como avanzó ABC el 23 de enero. Esta comunidad abrió la puerta a penalizar legalmente estas conductas con una normativa que aprobó en 2011. Hasta la fecha, la Generalitat ha abierto un total de once expedientes informativos a padres que no envían a los países de origen los informes de seguimiento de los niños. Las sanciones para las familias «incumplidoras» oscilan entre los 3.000 hasta los 90.000 euros, en función del grado de «dejación en sus obligaciones».