Cataluña multará con 90.000 euros a las familias que incumplan protocolos de adopción

La responsable de adopciones del gobierno catalán adelantó también que la Administración ha abierto ya un centenar de expedientes a familias que, pese a haberse comprometido durante la formalización del proceso a enviar periódicamente un estudio psicosocial del niño a sus países de origen, no han cumplido este requisito. «Son expedientes informativos, ya veremos si acaban en multa», precisó Canal.

La Generalitat aprobó una disposición normativa pionera en España que permite penalizar este tipo de conductas que «ponen en riesgo» las relaciones de Cataluña con los países abiertos al proceso de adopción.

«Hemos recibido quejas de varios países con los que llevamos años de relación. No podemos permitir que esas incidencias afecten a las buenas relaciones con ellos, porque desgraciadamente cada vez son menos», precisó Núria Canal. Las quejas que ha recibido la administración autonómica proceden en su mayoría de Rusia, Kazajstan, Colombia y Perú, según dijo la directora del ICAA.

Recordó que dentro de la Ley Omnibus 10/2011, de 29 de diciembre, se aprobó una disposición adicional que prevé la penalización de este incumplimiento del protocolo en las adopciones internacionales. «Me consta que a nivel estatal se está dando una situación parecida, aunque no hay una regulación normativa que permita penalizar estas conductas», dijo Canal. Aclaró que los expedientes afectan, por el momento, a 100 familias pero que Cataluña tiene en marcha unas 13.000 adopciones internacionales. «No nos preocupa tanto el número de familias que incumplen lo firmado sino el impacto de su conducta», añadió la experta en adopciones.

Las quejas se refieren en concreto a que los padres no remiten a los países el estudio psicosocial pactado durante la adopción, que incluye tres informes en paralelo: uno que refiere a la situación escolar del menor, otro a su estado de salud y un tercero a su nueva situación familiar.

La normativa de la Generalitat prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros para aquellos que padres que no envían estos informes. La cuantía de la penalización varía según el grado de incumplimiento. «No es lo mismo que una familia deje de enviarles esta información durante dos meses que durante años», matizó Canal.

La directora del ICAA quiso destacar que cada país impone sus condiciones, que «son aceptadas por la familia cuando se cierra la adopción». «Algunos países marcan que el estudio psicosocial del menor se realice hasta que este alcance la mayoría de edad, mientras que otros solo lo requieren en los primeros meses desde que el niño llega a Cataluña», afirmó Canal. Según datos facilitados por la consejería de Bienestar y Familia, en Cataluña se registraron en 2013 un total de 251 adopciones internacionales. En 2014, se redujeron a 180.

Tras la «dejación del deber» de las familias que investiga la consejería de Bienestar Social podría haber, según asegura la directora del Instituto Catalán de Acogida y Adopciones, Núria Canal, dos motivos principales: «simplemente informalidad, o problemas económicos para asumir el coste de los informes que deben enviar a los países emisores».

«Son, muchas veces, procesos largos y costosos, y cuando la familia se ve ya con su hijo plenamente integrado deja de cumplir lo que ha acordado con el país», apunta la directora del ICAA. Otro motivo podría ser el económico. El coste medio de estos tres informes (médico, familiar y escolar) ronda los 400 euros. Si se demuestra que la familia ha dejado de enviarlos porque no dispone de dinero, la Generalitat está dispuesta a asumir el coste.