La reforma que la universidad española necesita

Y como dice el informe de la comisión de expertos para la reforma universitaria, a la que me honré en pertenecer, la primera condición para ese cambio es reconocer las debilidades e insuficiencias del sistema a través de un diagnóstico fundamentado, desapasionado y objetivo de la realidad.

En el informe hay muchas propuestas planteadas casi siempre como opciones que me parecen razonables, nada cosméticas, todas posibles, no imperativas, aunque con distintos niveles y secuencias de aplicabilidad. Estas son algunas de las que a mí me parecen más importantes.

Si una Universidad vale lo que valen sus profesores, la primera medida de cambio es definir procedimientos para la selección de los mejores docentes e investigadores. Habría que volver a un sistema de acreditaciones públicas, (corregido para evitar los inconvenientes de procedimientos previos semejantes), con pruebas presenciales y comisiones juzgadoras elegidas por sorteo entre miembros que reúnan determinadas competencias.

Para amortiguar la endogamia, los candidatos a las plazas habrán de pasar un tiempo en una institución académica distinta a la que les confirió el doctorado. Puede entenderse un cierto nivel de endogamia porque no siempre los candidatos locales han de ser los peores; lo que no tiene justificación es que en algunas universidades roce el 100%.

Quizás con exageración, algunos hablan de una auténtica burbuja académica universitaria, definida por un exceso de universidades, centros, estudios y titulaciones. Personalmente, no me preocupa tanto el número de universidades como la poca diferenciación que existe entre ellas. La mayoría son generalistas, tienen los mismos sistemas de gobernanza, no poseen apenas capacidad para generar recursos propios y (mal) funcionan con intensos niveles de burocracia interna que lentifican y dificultan la gestión. La singularidad y la competencia brillan por su ausencia en el panorama universitario español.

Creo que habría que ir a una fusión de centros y más adelante (¿ por qué no?) de universidades; a una reducción y racionalización de la oferta educativa; a una mayor especialización; a una colaboración más intensa entre ellas; a unos sistemas de gobierno diferentes; y a cambios en los modelos de financiación.

La propuesta de modificaciones en la gobernanza, la financiación y las titulaciones fueron tres de los grandes ejes del informe . Los sistemas de gobierno actuales se han quedado obsoletos. Hay demasiados órganos, con demasiados miembros y con unos procedimientos de elección inadecuados.

No tiene sentido que exista un Consejo de Gobierno y un Consejo Social. Podrían fundirse en uno solo (Consejo de Universidad) que dé cabida a representantes de los intereses sociales porque, al fin y al cabo, las universidades no son ni de los profesores ni de los alumnos, sino de toda la sociedad, que las costea con sus impuestos.

Y por representantes de la sociedad civil entiendo prioritariamente empresarios con prestigio y disponibilidad que incentiven la relación con las empresas; y no entiendo representantes de los partidos políticos o de las organizaciones sindicales. Y considero que ya es tiempo de cambiar la elección del rector, que pasaría a ser designado directamente por el Consejo de Universidad entre académicos de la propia u otra universidad que reúnan méritos suficientes y capacidad de gestión probada. Así funcionan muchas de las universidades, públicas y privadas, de prestigio en todo el mundo.

Los cambios en la gobernanza deberían incluir también la reducción del tamaño de los claustros, que pasarían a ser simples órganos consultivos y la posibilidad de que el rector nombre a su equipo directo y a los responsables de los centros para facilitar la gestión. Con esta nueva estructura tendríamos rectores más fuertes y menos dependientes del clientelismo que a veces imponen sus electores. Y órganos de gobierno más ágiles y con una composición más adecuada para una gestión eficaz.

La financiación ha de ser mejorada. El objetivo europeo de invertir el 3% del PIB no va a ser ni fácil ni rápido de cumplir, pero tendría que mantenerse. Pero la universidades han de hacer esfuerzos adicionales para recabar más recursos privados y gestionar con total transparencia unos y otros. Para una buena gestión deberían establecerse sistemas de contabilidad analítica y distribuir una parte del presupuesto (20-25%) en función de los resultados.

Casi 6.000 títulos verificados parecen demasiados. Resulta necesario reducir las titulaciones y dosificarlas, y hacerlo a escala nacional si se pretende una auténtica racionalización del sistema. Y hay que fomentar la movilidad de los alumnos dentro de él y con el exterior.

La dotación de un buen sistema de becas de movilidad no solo reduciría el sedentarismo, sino que facilitaría la supresión de un buen número de títulos demandados solo por una clientela local y reducida.

Y es imprescindible aumentar los niveles de internacionalización de las universidades y facilitar la llegada de más estudiantes extranjeros al sistema. La supresión de la selectividad lo va a favorecer, pero habría que flexibilizar la política de visados y mejorar nuestra posición en los rankings.