Los males crónicos de la universidad española

Los responsables de las universidades ponen el foco también «en otras normas presupuestarias posteriores» que, según explican, han tenido efecto sobre los salarios, los derechos laborales y las expectativas profesionales de los empleados públicos y, por tanto, de las universidades. Así mismo, denuncian que las becas «han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan» y que los recortes en ciencia tienen «consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación».

Sin embargo, existe una serie de graves problemas en la universidad española, apuntados en diversos informes, sobre los que los rectores han pasado de largo, al menos en esta ocasión.

Uno de ellos es el propio sistema de gobierno de estas instituciones, que, bajo el paraguas de la independencia universitaria, a menudo aparecen dominadas por un marcado sesgo de izquierdas. El informe de la comisión de expertos designada por el Ministerio de Educación para la reforma universitaria alerta de que «el actual gobierno de las universidades favorece que los colectivos que las integran, parte interesada y decisoria a la vez, pugnen por sus intereses inmediatos y no por la excelencia académica, que es lo que necesita la sociedad» y que los procesos de decisión están teñidos con frecuencia de «corporativismo». No es extraño ver cómo rectores acaban en puestos políticos o viceversa. El propio presidente de la Conferencia de Rectores , Manuel López, fue en su día director general de Universidades en el gobierno aragonés presidido por el socialista Marcelino Iglesias.

Mientras que los rectores ponen el acento en aspectos laborales y en la «igualdad de oportunidades» para los estudiantes, en su declaración de esta semana no aparecen palabras como calidad, excelencia o rendimiento académico. Sin embargo, ninguna universidad española figura entre las 200 mejores del mundo en el reconocido ranking de Shangai (ARWU) y sólo la Pompeu Fabra se cuela, en el puesto 164, entre los dos centenares que encabezan el de Times Higher Education, otro de los más prestigiosos. Y, aunque la producción científica ha mejorado, incluso en los años en que han recibido más inversión pública, los resultados de las universidades españolas están lejos de las de países como Reino Unido o Francia.

En cuanto a la formación de los egresados, existen también datos preocupantes, como el hecho de que el 40% de los titulados universitarios trabajan en puestos para los que se requiere una cualificación inferior a la suya, según el último informe de datos del sistema universitario presentado por el Ministerio de Educación.

La calidad de una universidad pasa por la calidad de sus profesores, por lo que mejorar la selección y acabar con la endogamia son dos asignaturas pendientes. El actual sistema de acreditaciones nacionales a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) «no presenta las debidas garantías académicas y jurídicas que garanticen la selección de los mejores», advertía la comisión de expertos. Así mismo, pone de manifiesto la ausencia de evaluaciones que midan los resultados de los docentes y permita compararlos.

Vinculada a la endogamia está la falta de internacionalización, tanto por la escasa apertura a profesores de otros países como por la poca atracción de alumnos foráneos, más allá del programa Erasmus. La propia CRUE reconoce que «la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades públicas españolas es mínima en el grado», de en torno al 2%, si bien en los doctorados crece por encima del 20%.

Una de las grandes preocupaciones de los rectores es la financiación. En la actualidad, el 80% de sus recursos procede de fondos públicos, por lo que hay mucho por recorrer en el terreno privado. La comisión de expertos señalaba precisamente que «los modelos de financiación se orientan en exceso a la oferta docente, descuidando, sin embargo, la investigación y la transferencia de sus resultados». En este sentido, advierten que la obtención de fondos tropieza con «dos grandes barreras», la ausencia de «una organización específica dedicada a este fin» y «la rigidez de las estructuras de gobierno y de toma de decisión».

Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación (IVIE) señalaba que, pese a que las universidades representan casi tres cuartas partes de la producción científica española, sólo representan el 13,1% de las patentes. En este sentido, el estudio indicaba que «una de las mayores debilidades de la universidad se encuentra en las actividades de investigación aplicada y transferencia tecnológica», una circunstancia que «limita sus posibilidades de contribuir a la transformación del tejido productivo».

Pero no se puede hablar de ingresos sin tener en cuenta los gastos. El presupuesto total, pese a los recortes, asciende a más de 9.800 millones de euros. El actual mapa universitario está formado por 82 instituciones -50 públicas y el resto privadas-, repartidas en 236 campus en el caso de las presenciales y 112 sedes las no presenciales y especiales. En total, hay más de mil escuelas y facultades.

Así mismo, al calor de la reforma de Bolonia , se ha disparado el número de titulaciones. La oferta del curso 2013-2014 ascendía a nada menos que 2.567 grados verificados y 3.519 másteres. El informe de la comisión de expertos señalaba, en este sentido, que «nuestras universidades presentan una estructura demasiado homogénea» y «ofrecen una gran mayoría de estudios comunes, muchos de ellos repetidos un sinnúmero de veces y, con frecuencia, dentro de reducidísimas áreas geográficas o en la misma ciudad». Las universidades, añadía, «están poco especializadas y reproducen casi exclusivamente el mismo modelo».

Hasta la disminución por las medidas de ajuste de los últimos años, el número de profesores y de personal administrativo viene experimentando durante años un aumento sostenido, mientras que el número de estudiantes se ha mantenido más o menos estable. Si el personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas rondaba las 90.000 personas hace diez años, en el curso 2011-2012 eran ya casi 104.000. Mientras, el personal de administración y servicios (PAS) pasó de poco más de 47.000 en el curso 2004-2005 hasta más de 54.000 siete años después.

La reforma de la educación no universitaria ha avanzado a buen ritmo desde el comienzo de la legislatura, con la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pero la enseñanza superior lleva un camino diferente. En el caso de la universidad, tras recibir el informe de la comisión de expertos, el Ministerio de Educación está teniendo conversaciones con los distintos sectores implicados, y de forma especial con los rectores, para tratar de acordar las modificaciones que se vayan a aplicar.