La renovación como director de colegio dependerá de las notas de las «reválidas»

Una de ellas establece que, a la hora de la renovación de los directores de los centros, se tenga en cuenta, entre otros criterios «públicos y objetivos», el resultado de las evaluaciones individuales (las célebres «reválidas» ) que se hayan realizado durante su mandato. El nombramiento de los directores podrá renovarse, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado, y en los criterios y procedimientos de evaluación se considerarán también, «en todo caso», los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto y el seguimiento de la evolución en el tiempo».

La Lomce también extenderá a toda España la consideración de los miembros del equipo directivo de los centros y de los profesores como «autoridad pública». Según otra de las enmiendas pactadas entre PP y UPyD, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, «los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iris tantum”, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios alumnos».

Aunque el ministro de Educación, José Ignacio Wert , viene insistiendo en la necesidad de potenciar la figura del profesor, no había incluido medidas en esa línea en el proyecto de la Lomce porque pretende desarrollarlas en el futuro Estatuto del Docente. Sin embargo, el Grupo Popular en el Congreso ha aceptado la propuesta de UPyD de recogerlo en la Lomce, dado que en el fondo del asunto están de acuerdo, explican fuentes el PP.

Los docentes, «mucho más que empleados»

Según explicó ayer en la Comisión de Educación el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán , «una ley de educación no puede ignorar su principal valor, los docentes», que, a su juicio, son «mucho más que empleados».

En la cuestión de la autoridad del profesor, la normativa nacional irá por detrás de algunas comunidades. La que abrió el camino fue la de Madrid, que aprobó su Ley de Autoridad del Profesor en 2010 a propuesta del gobierno de Esperanza Aguirre, y después varias otras han ido aprobando normas similares.

Otra de las enmiendas pactadas subrayará de forma explícita que el castellano es «lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado» , así como que «las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable».

Aunque la redacción actual de la disposición adicional 38ª del proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso ya está dedicada precisamente a garantizar el derecho a escoger el castellano como lengua vehicular en cualquier comunidad, la enmienda busca dejarlo aún más claro.

Otra enmienda pactada, añade que las comunidades podrán establecer sistemas en los que las «asignaturas no lingüísticas» se impartan exclusivamente en castellano, en la lengua cooficial o en un idioma extranjero, «siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable».

En la Comisión de Educación del Congreso, el diputado del PP Eugenio Nasarre añadió ayer, en referencia a Cataluña, que «a una sociedad bilingüe le corresponde una escuela bilingüe. Lo demás es una anomalía». El representante de CiU, Martí Barberá, aseguró que, en Catuña, el castellano ya es «igual de vehicular que el catalán».