La construcción de El Algarrobico contó con el apoyo de la Junta de Andalucía

Durante alrededor de 35 minutos, el exregidor carbonero estuvo declarando ayer en los juzgados de Vera. Durante ese tiempo relató a la jueza que cuando se adaptaron las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a finales de 2009, no había procedimiento judicial alguno «en firme» que obligase a cambiar la categoría del sector -ST1- donde la promotora Azata del Sol levantó el hotel, de 21 plantas.

Al respecto, precisó que la adaptación de las NNSS a la LOUA «a la espera de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no permitía cambiar la clasificación de suelo». Fernández hizo hincapié en que la calificación de suelo urbano consolidado , contó «con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta». Y añadió: «Nosotros hicimos lo que se nos dijo».

El documento redactado por la citada comisión detallaba que el sector ST1, donde se levanta El Algarrobico, figuraba como suelo urbanizable ordenado , según el escrito que había remitido el Ayuntamiento, «debiendo estar clasificado como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación parcial».

«Espacio protegido no urbanizable»

Esta adaptación urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tras el informe favorable de la Junta provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordase requerir en mayo de 2009 a Cristóbal Fernández para que se abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia ya que existía un auto en el que se ordenaba calificar el sector ST1 como «espacio protegido no urbanizable». Al tiempo, le advertía de que cualquier ejecución sería «nula».

No obstante, el exalcalde apuntó que «ese auto no era firme en ese momento y estaba recurrido incluso por la propia Junta andaluza», ya que el TSJA lo que hacía era anular parcialmente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que había aprobado la administración autonómica en febrero de 2008. «Nosotros, conscientes de ello, incluimos en el acuerdo de pleno un párrafo en el que decía que esa adaptación estaba pendiente de resoluciones judiciales en firme», comentó Fernández.

En concreto, el TSJA suspendía cautelarmente de forma parcial, en una decisión que derivó en firme en 2012, el PORN que aprobó la Junta de Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al considerar, entre otras, que la nueva regulación podría «reactivar» el uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.

Los otros seis ediles que conformaban el equipo de gobierno de Fernández, que también se encuentran imputados, se pronunciaron ante la magistrada en iguales términos. El abogado que representa a cuatro de ellos, Juan Manuel Llerena, indicó que los ahora exconcejales «se limitaron» a votar un acuerdo de pleno «de conformidad» con los informes técnicos y jurídicos, «todos favorables, al igual que los de la Junta de Andalucía».

Según el letrado, correspondía a los técnicos «valorar una posible incidencia en el asunto, no solo de ese auto sino de otros procedimientos judiciales en curso con respecto al paraje». Y precisó: «Desde ese acuerdo, no se ha tramitado absolutamente nada en torno a esa zona».

Tras estas declaraciones, en unos días llegará el turno de la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno, ambos en calidad de testigos.