Primera auditoría externa sobre el destino del dinero que recibe la Iglesia a través del IRPF

Primera auditoría externa sobre el destino del dinero que recibe la Iglesia a través del IRPF

El gerente de la Conferencia Episcopal afirma que la «sociedad española no se puede concebir sin la Iglesia»

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«La sociedad española no se puede concebir sin la presencia de las instituciones de la Iglesia». Así lo manifestó este jueves el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, durante la presentación de la memoria anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y en la que la Iglesia da cuenta al Estado sobre el destino de los fondos recibidos a través de la asignación tributaria.

Por primera vez dicho informe, que es un compromiso adquirido por la Iglesia con motivo del acuerdo de financiación alcanzado con el Gobierno socialista en 2006, ha pasado por una auditoría externa a cargo de la consultora PricewaterhouseCoopers International. En su escrito la multinacional afirma que «como resultado de nuestra revisión, podemos concluir que la Memoria 2011 de la CEE ha sido preparada de forma adecuada y fiable».

«Nuestro objetivo es ser transparentes con la sociedad porque estamos convencidos de que la información genera un mayor compromiso por parte de los ciudadanos», explicó el gerente de la Conferencia Episcopal.

Durante el 2011, la Iglesia recibió a través de su casilla en la declaración de la Renta 253,1 millones de euros. De ese total, 9,3 millones los dedicó a compensar la eliminación (tras el nuevo modelo de financiación) de la exención del pago del IVA; 6,1 millones de euros a pagar la campaña publicitaria «X Tantos», y otros cuatro millones a Cáritas.

El resto, 233,7 millones de euros fue a parar al Fondo Común Interdiocesano (FCI), un sistema de reparto de los recursos entre las diócesis similar al de las comunidades autónomas. Una parte de ese dinero es gestionado directamente por la Conferencia Episcopal (33,3 millones de euros). Concretamente, aquellas partidas relacionadas al pago de la Seguridad Social de los obispos y sacerdotes (18,9 millones de euros), centros de formación como la Universidad Pontificia de Salamanca (5,7 millones) o los gastos propios del funcionamiento de la CEE (2,6 millones).

La diferencia, 197,7 millones se distribuyeron a las diócesis, en función de sus necesidades. «Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad y comunicación de bienes. Para poner un ejemplo, Madrid recibió a través de la asignación tributaria 60 millones y la diócesis recibió menos de 20. El dinero va a donde hace falta», comentó Giménez Barriocanal. Las comunidades donde más se marcó la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta fueron Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura. Cataluña, en cambio, estuvo a la cola.

Las diócesis deciden el destino del dinero

La Conferencia Episcopal precisó que las cantidades que se distribuyen «no van asignadas a ningún fin concreto», sino que son las propias diócesis «las que, atendiendo a sus necesidades generales, reparten el dinero recibido».

Según la Memoria Anual de Actividades presentada al Gobierno, la Iglesia destinó 49 millones de horas de servicio pastoral, asistencial y litúrgico a la sociedad, una labor que de ser contratada en el mercado hubiera supuesto un importe de 1.957 millones de euros. «Siguiendo los criterios de austeridad y gratuidad de los recursos y de eficiencia en su utilización la Iglesia ha desarrollado estas actividades en 818 millones de euros. Lo que supone un ahorro cercano a 1.139 millones de euros en la prestación de estas actividades», comentó Giménez Barriocanal.

El informe señala que por cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,39 euros en su servicio equivalente en el mercado.