Las comunidades del PSOE, preocupadas por el futuro de la Dependencia y su privatización

Así lo han puesto de manifiesto la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y la responsable asturiana de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, antes de participar en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que preside la ministra de Sanidad, Ana Mato.

En esta reunión, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autonomías -en representación de Galicia está la conselleira Beatriz Mato- acordarán los criterios para distribuir las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a subvencionar el nivel mínimo de la ley de dependencia.

La consejera andaluza ha comentado que el «nivel acordado de financiación de las dependencia está representando un quebranto a las comunidades en el sostenimiento» de esta prestación. Andalucía, según Montero, ha dejado de recibir más de 200 millones de euros en solo dos años para financiar el sistema.

Montero ha dicho que esta disminución de fondos, junto con el «esfuerzo» que se les pide a las autonomías cinco veces superior al del Estado en el objetivo de estabilidad presupuestaria, hace que esté en este momento «francamente» preocupada por «lo que va a ocurrir con el futuro de la ley».

La responsable andaluza de Salud y Bienestar Social ha declarado que no tiene muchas expectativas ante esta reunión, que es «meramente de trámite para continuar la hoja de ruta de retirada del Gobierno de las prestaciones sociales y del desmantelamiento del sistema de la dependencia».

A su juicio, los servicios de dependencia «sin duda» corren peligro porque las autonomías no pueden compensar la disminución de la financiación que aportaba el Gobierno central.

«Lo que no podemos sostener es que otra administración se retire porque esto hace inviable el desarrollo de la ley», ha añadido Montero.

Para la consejera andaluza, la «pretensión» del Gobierno es que la ley se desarrolle «como propuso» la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, «con una especie de ticket que se le da al ciudadano con una cuantía económica y que las personas se busquen la vida».

En un sentido parecido se ha pronunciado la consejera asturiana, que ha lamentado las «medidas de recorte» del Gobierno en la ley de dependencia.

A su juicio, se produce con esta reforma de la ley «una clara orientación hacia la privatización de servicios» y se favorece el «cheque-servicio».

La consejera asturiana ha mostrado su oposición a estos «recortes» del Gobierno en la dependencia y ha comentado que se puede producir una paralización definitivamente de esta ley.

En cambio, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha valorado «positivamente» este miércoles la aprobación del catálogo de referencia de servicios sociales que presenta el Ministerio de Sanidad a la Comunidades Autónomas, porque «se ha venido solicitando» para que con ello se garantice que «en todas las comunidades autónomas haya un mínimo de servicios básicos».

El consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, considera que su región parte «en posición de ventaja» con las nuevas medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy en materia de dependencia, porque «es una de las comunidades con más prestaciones de servicio», incentivadas con los cambios que se abordan este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebra en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.