El Gobierno deja de pagar la cotización a la Seguridad Social de 85.000 cuidadores de dependientes

Así lo ha manifestado Moreno en la Comisión de Igualdad del Senado, después de que la senadora de la Entesa Mónica Almiñana le haya reprochado que de las 205.678 personas que han dejado de cotizar a la Seguridad Social en noviembre 85.233 sean cuidadores familiares de los dependientes.

A juicio de la senadora, este descenso de afiliados se ha producido después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reformara el pasado mes de julio la ley de la dependencia que primaba los cuidados profesionales a los familiares, a quienes dejó de financiar la Seguridad Social.

Moreno ha recordado que la ley de dependencia no obliga a que el Estado pague las cotizaciones a los cuidadores familiares, y ha explicado que hasta la reforma existía «simplemente un acuerdo» en el que se daba de alta a estas personas.

Las cantidades destinadas a financiar este gasto no estaban acompañadas de memoria económica y, por tanto, ha apuntado el secretario de Estado, no tenían asignación presupuestaria , lo que ha provocado una deuda acumulada del Imserso con la Tesorería de la Seguridad Social de 1.034 millones de euros.

«Lo que lógicamente no tenía sentido era algo que no se podía mantener, que no venía obligado en la ley, esa relación contractual no la podíamos mantener», ha subrayado Moreno, quien ha asegurado que la Tesorería ha buscado fórmulas «muy flexibles» para que los cuidadores familiares puedan hacer una aportación propia a la misma.

Ha subrayado que la relación entre la persona dependiente y el cuidador no profesional se recoge en la ley de dependencia más como una relación familiar que como laboral, y además «están excluidos del Estatuto del Trabajador».

«No hay salario sino una prestación económica para el cuidador», ha reiterado Moreno en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta.

Ha indicado que la deuda de más de mil millones de euros que fue reconocida el pasado ejercicio y que se debía solventar este año ha sido difícil de afrontar, puesto que si durante los últimos años se presupuestaban 33 millones de euros en realidad eran necesarios 300 para pagar la Seguridad Social de estos cuidadores no profesionales.