Menos de 200 médicos en las prisiones españolas para más de 55.000 presos
«En cuestión de meses podríamos tener un brote de tuberculosis porque no hacemos controles a los presos», advierten los expertos
Más de un tercio de las plazas para médicos en cárceles españolas sin cubrir: «No hay recambio generacional»
Las prisiones españolas competencia del Ministerio de Interior se quedan sin médicos. Cada vez son menos, más mayores, y el abandono que sufren desde las instituciones está provocando que las ratios de médico por preso disminuyan año tras año. Una situación que ya está ... impidiendo que se lleven a cabo labores esenciales como cribados, consultas y seguimientos para garantizar la salud de los reos y evitar situaciones como suicidios o brotes de enfermedades infecciosas.
Actualmente, solo el 33% de las plazas establecidas para médicos de Instituciones Penitenciarias están cubiertas (159 de 481) según los datos del Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las Personas con Trastornos Mentales graves en los Centros Penitenciarios de España. Esto se traduce en unas ratios de 5,2 médicos penitenciarios por cada 1.000 internos, muy por debajo del 8,0 de media en Europa según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Plazas ofertadas y cubiertas de personal
médico en centros penitenciarios
Total plazas ofertadas / plazas cubiertas
80/7
40/4
35/7
40/5
2018
2019
2020
2021 y 2022
Fuente: Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria / ABC
Plazas ofertadas y
cubiertas de personal
médico en centros penitenciarios
Total plazas ofertadas / plazas cubiertas
35/7
2018
40/5
2019
2020
40/4
2021 y
2022
80/7
Fuente: Sociedad Española de Psiquiatría Legal y
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria / ABC
A cierre de 2023 y teniendo en cuenta las bajas y jubilaciones esperadas, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) no descartan que la cifra se sitúe por debajo de los 100 para atender a 55.751 personas reclusas –según datos de 2022 del Consejo General del Poder Judicial–. Solo en 2021, el 17% del total de los médicos en estas prisiones se jubilaron, una tendencia que aumenta cada año.
Además de la ratio, sólo un quinto de los médicos son funcionarios y el resto de la plantilla corresponde a interinos y personal en prácticas.
Suicidios y uso de fármacos
Paralelamente, el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre la población reclusa. Entre 2016 y 2020 aumentaron un 121,7%, de 23 a 51 muertes anuales, indica el Informe General 2021 de Instituciones Penitenciarias. Según datos del Libro Blanco correspondientes a 2019, existe sólo un médico especialista en Psiquiatría contratado por la Administración Penitenciaria que ejerce en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá Meco).
Asimismo, el gasto en fármacos neurolépticos – empleados principalmente para tratar la psicosis y trastornos mentales– ha aumentado de 2,75 a 4 millones de euros entre 2016 y 2021, mientras que el gasto total en productos farmacéuticos se redujo de 16,18 a 15,62 millones en el mismo periodo de tiempo.
Personal médico que abandonó la Institución Penitenciaria
Según causas, en porcentaje sobre el total del personal
16%
17%
Baja total de médicos
Jubilación voluntaria
Jubilación por edad
10%
9%
10%
6%
7%
4%
5%
4%
1%
0%
2018
2019
2020
2021
Gasto anual en fármacos de la Administración Penitenciaria
En millones de euros
Total
Fármacos neurolépticos
17,50
15,62
16,13
15,82
16,18
15,38
4,23
4,20
3,73
2,75
2,89
2,39
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria / ABC
Personal médico que abandonó
la Institución Penitenciaria
Según causas, en porcentaje sobre
el total del personal
Baja total de médicos
Jubilación voluntaria
Jubilación por edad
16%
17%
10%
10%
9%
6%
7%
4%
5%
4%
1%
0%
2018
2019
2020
2021
Gasto anual en fármacos
de la Administración Penitenciaria
En millones de euros
Total
Fármacos neurolépticos
17,50
15,62
16,13
15,82
16,18
15,38
4,23
4,20
3,73
2,75
2,89
2,39
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: Sociedad Española de Psiquiatría Legal
y Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria / ABC
La falta de profesionales de su especialidad fue una constante para Ángeles López, psiquiatra que inauguró el área de Psiquiatría de Fontcalent (Alicante) en 1984 y hasta su jubilación en 2020. López señala como el alto consumo de tóxicos y los elevados casos de patologías mentales en un ambiente de privación de la libertad, junto a la falta de supervisión psiquiátrica, genera adicción entre los reos y provoca que el consumo de los fármacos se extienda más allá de la prescripción, adquiriéndolos mediante el tráfico ilegal.
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Al ser de las pocas psiquiatras, en múltiples ocasiones, tenían que ejercer tanto el peritaje como el seguimiento de los presos con trastornos mentales. Por lo tanto, ella misma atendía y enviaba los informes a la autoridad judicial cada seis meses, donde las indicaciones determinaban que el paciente tenía que permanecer ingresado, a pesar de haber cumplido con su condena. Ellos lo sabían y, en ocasiones, se lo recriminaban.
Riesgo de brotes infecciosos
En la prisión de Fontcalent, Pablo Saiz es uno de los dos médicos que quedan en plantilla. Lleva 33 años en el centro y recuerda como, durante la primera década de los 2000, España contaba con la mejor atención sanitaria penitenciaria del mundo, con programas pioneros para el control de adicciones y la transmisión y tratamiento de enfermedades como la hepatitis o el VIH.
Ahora, la situación es diferente. Saiz teme que la falta de controles y cribados por la escasez de personal pueda derivar en brotes de enfermedades infecciosas: «En cuestión de meses podríamos tener un brote de tuberculosis porque no hacemos controles a los presos que están entrando», indica el médico. Un riesgo teniendo en cuenta que los presos interactúan entre sí en espacios reducidos, cerrados, y comparten celda donde el cambio de compañero es una práctica habitual.
Protestas por ahorcamientos
Esta conjunción de factores provoca, además, desprotección para el resto de funcionarios de prisiones, explica Sergio García, delegado sindical de CSIF en la prisión de Valdemoro. Allí acude un psiquiatra una vez a la semana y muchos días no tienen a ningún médico presencialmente en la prisión, lo que ha provocado incidentes con los reclusos.
García destaca que no tienen formación ni recursos para ejercer como educadores, psiquiatras y guardias, ya que conviven todo el día con los presos y tienen que ir más allá de sus competencias, como ocurre también en el caso de los enfermeros y auxiliares. «Somos un grupo de servicio público maltratado. Sin medios ni recursos no es posible la reinserción que manda la Constitución», añade el delegado sindical.
Las consecuencias se observan en sucesos como el del pasado 8 de julio en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), cuando un preso se suicidó y un grupo de internos comenzó a arrojar muebles, prendieron fuego a papeles y dedicaron insultos al personal del centro, protestando por la falta de atención médica. Un episodio prácticamente idéntico al ocurrido el pasado 2 de mayo en la prisión de Villahierro (León).
Diferencias salariales
Las diferencias salariales entre los médicos penitenciarios de las 14 comunidades sin competencias transferidas y sus homólogos de País Vasco, Navarra y Cataluña puede variar de entre un 20 al 40% dependiendo del caso, a lo que se suma que el pago que reciben por las guardias no ha mejorado en los últimos 15 años. Aunque no se puede calcular con exactitud, ya que cada comunidad autónoma estipula el sueldo de sus médicos, la diferencia se sitúa aproximadamente entre los 1.400 y 1.600 euros mensuales sin tener en cuenta las guardias, según explica Pedro Martínez, responsable de prisiones del CESM.
Pero no se puede hablar de un único escenario. Hace ya más de 20 años que se aprobó la ley para que Instituciones Penitenciarias transfiriese las competencias de centros penitenciarios a las comunidades autónomas, una medida que solo se ha llevado a cabo en Cataluña (1983), País Vasco (2011) y Navarra (2021). El plazo establecido de 18 meses que contemplaba la ley sigue sin cumplirse y las consecuencias ya son palpables desde hace años.
Acceso a la salud mental
Las razones tras la escasez de psiquiatras son similares a las del resto de médicos, ya que existe una diferencia salarial considerable frente a los que ejercen fuera. Además, existe el problema de la incompatibilidad, ya que se les requiere dedicación exclusiva a su labor en Instituciones Penitenciarias para estar en plantilla.
Esta falta de profesionales se cubre mediante la teleasistencia (por videollamada) o profesionales del sector privado fuera de plantilla, aunque los trabajadores de prisiones concuerdan que en ningún caso es suficiente. Según los datos del Libro Blanco, elaborado conjuntamente por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, entre 8 y 9 de cada 10 presos padecen a lo largo de su vida algún trastorno mental y el 86% sufren de manera simultánea el desorden y adicción a alguna sustancia (patología dual).
Además, el ingreso en prisión es en muchos casos el primer contacto con un especialista de la salud mental para los internos y, por tanto, el lugar donde se diagnostican los trastornos mentales que en ocasiones están directamente relacionados con los delitos por los que se les acusa. Según el Libro Blanco, 7 de cada 10 personas internas con un trastorno mental grave no tuvieron reconocimiento médico antes de entrar en prisión.
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