Más de 17.000 personas esperan valoración de dependencia o discapacidad en Baleares

Según la Conselleria, pese a la presión sobre el sistema, las prestaciones y servicios en dependencia han aumentado un 30 % desde mayo de 2023. En la actualidad, la resolución media de un expediente de dependencia se sitúa en 225 días —por encima de los seis meses contemplados en la normativa—, si bien supone «120 días menos que la media estatal», destaca Fernández.

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Respecto a discapacidad, el departamento atribuye parte de la demora media —que alcanza los 14 meses— al cambio normativo aplicado en 2023, cuando entró en vigor el nuevo procedimiento estatal para el reconocimiento y calificación del grado de discapacidad. Este sistema, alineado con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, «mejora el anterior, pero es mucho más complejo y difícil de aplicar», explica la consellera. Su despliegue «fue caótico y sin la debida previsión por parte del Estado, lo que incrementó los tiempos de espera en toda España», añade.

El objetivo principal del plan, insisten las mismas fuentes, es garantizar el cumplimiento estricto de los plazos que marca la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y el Real Decreto 888/2022, que fija en seis meses el tiempo máximo para valorar a los solicitantes y notificar la resolución. Entre las medidas operativas que el Ejecutivo autonómico balear se plantea poner en marcha en los próximos meses para cumplir con la citada normativa figuran la incorporación de equipos técnicos adicionales, la reorganización de circuitos internos y la priorización de expedientes con mayor tiempo de espera.

«El compromiso es claro: reducir demoras, ganar agilidad y asegurar el derecho efectivo a la dependencia y a la discapacidad en las Islas», admitió Fernández, durante la presentación del plan de choque que su departamento quiere aplicar en el año y medio que queda de legislatura.

Fernández subrayó que «el plan no es solo una respuesta técnica, sino una declaración de intenciones y un compromiso con los ciudadanos para que nadie quede atrás». La titular del ramo defendió que la prioridad del Ejecutivo es «situar a las personas en el centro de las políticas públicas» y cumplir los plazos legales de resolución: «Queremos ajustarnos al máximo de seis meses para resolver las valoraciones; y no pararemos mientras algún ciudadano con discapacidad o dependencia esté esperando para ver reconocido uno de sus derechos».

Entre las medidas anunciadas por el Govern balear en este plan de choque también se contempla la licitación de un contrato administrativo para externalizar las valoraciones y poder así aumentar el número de valoraciones hasta las 10.000 anuales, la incorporación de 87 nuevos profesionales (65 por discapacidad y 22 por dependencia) dedicados exclusivamente a la atención de la dependencia y la discapacidad, así como la renovación de los sistemas informáticos de gestión para agilizar la tramitación de los diferentes expedientes.