Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

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Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico para frenar esta medida, después de que el pasado marzo -a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE)- interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería.

El nuevo recurso que ahora interpondrá la Abogacía de Baleares, en cambio, va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

El Govern ha considerado que este real decreto «vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores».

Esta regulación, ha advertido, «afectaría gravemente a la autonomía financiera» de Baleares, dado que «pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad».

La medida tampoco tiene en cuenta las especificidades y capacidad propias de cada territorio, lo que puede comportar que el reparto sea «opaco y hasta discriminatorio», ha añadido el Ejecutivo autonómico.

La también vicepresidenta segunda ha asegurado que esta decisión se ha adoptado después de que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia haya realizado un análisis detallado.

Estarellas ha anunciado, como ya adelantó hace varios días la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la Abogacía autonómica también interpondrá un recurso ante el Supremo contra el real decreto aprobado el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad.

La consellera ha asegurado que, aunque los servicios jurídicos ya tienen este asunto «sobre la mesa», cuentan con un plazo de dos meses para poder registrar el recurso.

La cuarta acción judicial de Baleares contra el reparto de menores migrantes llegará una vez el Gobierno determine cuántos deberán llegar al archipiélago. Será entonces cuando pedirán al Supremo que suspenda cautelarmente su traslado a las islas, aunque los detalles todavía están por determinar. «No sabemos quién lo tendrá que pedir, si los Consells, si la presidenta...», ha explicado Estarellas.

La intención, tal y como ha reiterado el Govern en varias ocasiones, es frenar el reparto solo en el archipiélago, pero no en el resto de España.

De forma paralela, ha proseguido Estarellas, entre este viernes y el lunes se dirigirán al Ministerio de Infancia y Juventud para pedirles que declaren a Baleares en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplican su capacidad ordinaria de acogida.

Si la capacidad fijada por el Gobierno es de 406 plazas, Baleares tendría que acoger a 1.218 menores para entrar en contingencia. Actualmente tiene a 682 niños y adolescentes migrantes tutelados por los cuatro consells insulares.

La consellera ha concedido que tal vez la solución que reclamarán no será una contingencia migratoria como la que ya han pedido Canarias, Ceuta y Melilla, sino alguna vía alternativa para que Baleares quede excluida del reparto. «Antes de un recurso se puede intentar un acto de mediación, pues esto se puede considerar un acto de mediación», ha sintetizado.

En ningún caso, ha reiterado, pedirán poder derivar a los menores que actualmente tienen tutelados a otras comunidades. «Pediremos la contingencia migratoria, o ya veremos qué nombre le ponemos. Jurídicamente se está estudiando, pero no para repartir, sino para que al menos, dentro de la situación de consolidación de la ruta migratoria, no se añadan más menores a los servicios ordinarios», ha apuntado.

Estarellas también se ha referido a la reunión que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, dijo que pretendía mantener con el Govern para abordar el reparto de menores migrantes.

Pérez aseguró en una entrevista en la cadena SER que, con los datos que maneja actualmente el Ejecutivo central, el número de menores que tendría que acoger Baleares sería «significativamente inferior» a los 49 planteados inicialmente.

«Si el secretario de Estado pide sentarse, por supuesto que iremos. Ya hemos contestado que por supuesto que estamos abiertos a cualquier reunión bilateral», ha dicho la consellera.

Sobre las cifras, Estarellas ha considerado que la posible disminución en el número de menores que debería acoger el archipiélago puede deberse a la carta que hace unos días la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, envió a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En ella le exponía que los Consells insulares acogen actualmente a 682 menores migrantes no acompañados, lo que supone que los centros estén sobresaturados en cerca de un 1.000%.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha hablado sobre las «amenazas» que, a su parecer, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dirigió a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens.

Torres expresó su confianza en que ninguna comunidad impida el reparto de menores migrantes y avisó de que, en caso de que sucediera, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación», tal y como recoge el decreto que este viernes ha recurrido el Govern.

«Nosotros no hemos dicho que fuésemos a incumplir ninguna ley, faltaría más. Los que incumplen las leyes son los amigos de Sánchez, los separatistas vascos y catalanes. A esos no se los amenaza, son los amigos», ha incidido Costa.

Y ha sentenciado: «Tenemos claro que tenemos que cumplir la ley, pero estas amenazas veladas creo que sobran. Yo lo considero una amenaza no política, sino jurídica».