Condenados 18 miembros de una red de contrabando con epicentro en Marchena

Los condenados son naturales de Marchena, Carmona, Paradas, Utrera, Los Molares, Umbrete, Málaga, Villamartín, Lebrija, Alcalá del Río y Sevilla capital. Los 18 acusados, en el juicio, reconocieron los hechos , en virtud al acuerdo que habían alcanzado con las partes y que supuso una rebaja en las penas inicialmente solicitadas.

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y Sevilla pusieron en marcha una serie de investigaciones después de tener conocimiento de la existencia de un grupo de personas, radicados principalmente en Marchena, dedicados durante al menos el año 2011, a la adquisición, distribución y venta de tabaco, algunos de ellos de ilícito comercio, al ser productos falsificados, y otros de lícito comercio, pero sin presentarlos a la Administración Aduanera correspondiente.

Así, en Marchena y municipios cercanos actuaban varios grupos organizados dedicados a dicha actividad. Por un lado, el conocido como «Clan de los Constructores» , cuyos principales miembros son los acusados R.G.A. y J.A.B.A., quienes se encargaban de viajar a Santa Cruz de Tenerife para hacerse con el tabaco e introducirlo a la península por diferentes vías de transporte.

Dicho tabaco posteriormente se distribuía o bien, a consumidores finales, o bien a otros grupos de personas dedicados a la misma actividad. Así, dentro del «Clan de los Constructores» podían diferenciarse varias personas, cada una con una actividad concreta, todos ellos acusados. R.G.A. y J.A.B.A. eran los cabecillas del grupo; I.C.C. y E.P.M., los transportistas encargados de distribuir la mercancía por todo el territorio español .

Con éste último igualmente colaboraba, de forma esporádica, F.V.G., desempeñando funciones de distribución y transporte de las mercancías. Dicho grupo, igualmente, vendía la mercancía obtenida a otros grupos conocidos de la zona y alrededores, que a su vez también tenían una distribución de funciones bien diferenciada.

El «Clan del Lechugo» , compuesto por un miembro principal y cabeza visible, J.A.A.C., quien negociaba con el «Clan de los Constructores». Dicho acusado, a su vez, contaba con dos socios, J.L.M. y J.L.M., quienes además se encargaban del transporte de la mercancía junto a R.S.S. y J.P.R.

El «Clan del Canijo» , donde el miembro principal es A.P.S., estaba dedicado a la venta a consumidores finales; mientras el «Clan del Patillas», cuyo cabecilla es J.L.P., también estaba dedicado a la venta del tabaco de contrabando a los consumidores finales.

Según señala el juez en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, todos estos grupos también distribuían la mercancía entre personas individuales que, a su vez, la hacían llegar a consumidores finales. En este caso son seis los acusados, que facilitaban la actividad de los clanes anteriores y colaboraban en la distribución de la mercancía.

El último acusado es J.A.R.A., funcionario de Justicia al tiempo de los hechos, desempeñaba sus funciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena , el órgano judicial encargado de instruir esta causa . Su actuación en esta red de contrabando fue más grave de lo que pudiera parecer, pues daba chivatazos de actuaciones judiciales contra este grupo delictivo.

El juez indica en su fallo que este acusado prestaba colaboración tanto con el «Clan de los Constructores» como con A.P.S., con el que colaboraba en la distribución y venta del tabaco, sin pertenecer como miembro activo a ninguno de ellos.

Pero además, en fecha 17 de enero de 2012 , el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena ordenó la entrada y registro en los domicilios de los acusados. A las 10.58 horas de ese mismo día, este funcionario, haciendo uso de la información a la que podía acceder gracias a su cargo, avisó a uno de los cabecillas del «Clan de los Constructores» de la entrada y registro que de forma inminente se iba a producir en su domicilio , proporcionando información igualmente al letrado de los acusados sobre los procuradores personados en la causa, así como la situación de los acusados, una vez detenidos.

El mismo día del juicio, el 6 de noviembre, la Fiscalía solicitó al juez abrir pieza separada para enjuiciar de forma independiente como posible autor de un delito de revelación de secretos a F.J.G.P., el acusado número 19 en esta operación. El 20 de septiembre de 2011, en plena investigación, este varón desempeñaba sus funciones como agente de la Guardia Civil en la sección fiscal del Instituto armado en el Puerto de Cádiz .

Ese mismo día, los acusados R.G.A. y J.A.B.A., los jefes del «Clan de los Constructores», recibieron información por parte de este agente sobre una matrícula perteneciente a un vehículo camuflado de la Guardia Civil que en esos momentos les estaba haciendo un seguimiento, frustrando la continuación de la investigación.

Durante el año 2012, los agentes actuantes en esta investigación procedieron a registrar los domicilios y vehículos de los acusados, interviniendo más de 120.000 cajetillas de tabaco , que hubiesen alcanzado en el mercado de Expendedurías legalmente establecidas un valor de 474.452,75 euros.

La investigación, según precisa el juez, ha sufrido dilaciones extraordinarias durante su instrucción, sin que pueda imputarse a los acusados al no constar que la actitud de los mismos haya ido encaminada a eludir o retrasar la acción de la justicia.

Estos hechos suponen un delito de contrabando, otro de asociación ilícita y uno de revelación de secretos , ejecutado por el funcionario de Justicia. Los 18 acusados, en virtud del acuerdo con las partes, son condenados por contrabando a tres meses y un día de prisión y multa de 470.000 euros.

Siete de ellos han sido condenados por asociación ilícita a seis meses y un día de prisión, y diez de ellos por el mismo delito a tres meses y un día de cárcel. Por último, el funcionario ha sido condenado al pago de una multa e inhabilitado durante tres meses para empleo o cargo público . Este acusado ya cuenta con otra sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, todos los condenados deberán ingresar conjunta y solidariamente, en concepto de deuda tributaria , la cantidad de 417.335 euros, en concepto de deuda principal y la suma de 75.224 euros por intereses.

Las penas han quedado suspendida durante dos años condicionada a que no cometan nuevos delitos y a abonar la responsabilidad civil impuesta.

En el auto de ejecución de la sentencia condenatoria, el juez cita a los acusados para devolverles las fianzas que en su día depositaron para eludir la prisión provisional. En total 325.000 euros. Además, también acuerda que el dinero intervenido a los acusados (242.632 euros) y el dinero pagado por éstos en concepto de multas (2.565 euros) serán abonados a la Agencia Tributaria.