El PSOE bloquea en Sevilla la tasa de basuras que aplica en Dos Hermanas, Mairena y Alcalá

El Gobierno local del popular José Luis Sanz ha aprobado recientemente su nuevo proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, con el apoyo de Vox en la mayoría de las figuras en el marco del pacto presupuestario entre ambas fuerzas; aunque de nuevo ha quedado aparcado el asunto de la nueva tasa de basura, por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo del PP y los grupos de oposición, que son PSOE, Vox y Podemos-IU.

Y eso que se trata de una medida obligada por la citada ley estatal, para que la tasa de residuos sólidos urbanos esté ceñida al coste real de la recogida, transporte y tratamiento de la basura; para la sostenibilidad del sistema; o sea que los municipios no tienen otra opción que aplicar la regulación nacional. Recae sobre ellos, así, el papel de materializar este alza recaudatoria dictaminada desde instancias superiores.

A grandes rasgos, el Gobierno local del PP hispalense ha apostado por aplicar la nueva tasa mediante un baremo en concepto de lo que cada distrito recicle, teniendo en cuenta los principios de pago por generación y de fomento del reciclaje; mientras su socio presupuestario sigue su máxima de no apoyar incrementos fiscales y el PSOE no respalda la fórmula del PP; asegurando que la misma no es progresiva, no distingue por barrios y no premia los esfuerzos por reciclar o separar residuos.

El Gobierno local del PP, en ese sentido, viene avisando de que pesa la fecha límite del 1 de enero de 2026 para promover la nueva tasa, insistiendo en que se trata de una obligación legal y recriminando al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez que endose a los municipios esta medida, que lleva implícita una subida impositiva con lo impopular del asunto.

Pese a los meses y meses transcurridos con este debate político y fiscal sobre la mesa, no ha pesado acuerdo político para algo tan necesario como cumplir la ley, porque a fin de cuentas se trata de eso.

Este escenario de tantísimas dificultades no parece repetirse en el resto de grandes municipios del área metropolitana de Sevilla y su provincia, donde un repaso a los mismos refleja que la subida de la tasa se aplica actualmente o está lista para ello.

En Dos Hermanas, por ejemplo, las ordenanzas fiscales del socialista Francisco Rodríguez, quien gobierna por una holgada mayoría absoluta, recogen desde el 1 de enero de este mismo año la mencionada nueva tasa, como destaca el Gobierno local nazareno, después de su aprobación ya en noviembre del año pasado, con la premisa de que es necesario concienciar a la ciudadanía a participar del reciclaje en pro de la sostenibilidad. En la tasa, además, figura la posibilidad de aplazar o fraccionar los pagos.

En el caso de Alcalá de Guadaíra, donde gobierna la también socialista Ana Isabel Jiménez junto con Andalucía por Sí (AxSí), el Gobierno local de coalición encabezado por el PSOE ha determinado que en la propuesta de ordenanzas fiscales de 2026 aplicará la mencionada normativa estatal, aunque introduciendo «un sistema de medición para premiar a aquellos hogares comprometidos con el reciclaje«.

«Así, en el primer año habrá una bonificación del 15 por ciento para el reciclaje de orgánica, en el segundo año del 20 por ciento por el vidrio y del 25 por ciento el tercer año por reciclar el plástico. El ahorro será proporcional al volumen de reciclaje, que se medirá a través de un aplicativo con tarjetas identificativas y lectores digitales que se instalarán en los contenedores de reciclaje», asegura el Gobierno local.

En Utrera, la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Sevilla, donde gobierna el popular Francisco Jiménez, otrora alcalde andalucista, la medida ya está en aplicación tras su implantación el año pasado, como confirman desde el Gobierno local. Ello, porque se trata de una medida de obligación legal y porque los nuevos tratamientos estipulados para los residuos llevan implícitas unas inversiones cuyo coste es necesario sufragar, según el Ejecutivo utrerano.

Según el Ayuntamiento de Utrera, donde Francisco Jiménez gobierna por mayoría, este año la recaudación prevista por esta tasa asciende a algo más de 2,9 millones de euros, casi el 4,9 por ciento de todos los ingresos municipales previstos para 2025; con tarifa reducida para pensionistas. La tarifa convencional está fijada en 121 euros, mientras la reducida para pensionistas está marcada con 21,17 euros gracias a la mencionaba bonificación.

Mairena del Aljarafe, quinto municipio de mayor población de la provincia y donde gobierna el socialista Antonio Conde junto a Con Podemos-IU; el Ayuntamiento ya aplica el alza de la tasa, con una subida progresiva en función del valor catastral, con una subida mínima de alrededor de 25 euros y máxima de 70 euros. Además, el Consistorio mairenero ha planteado dos periodos de pago ordinarios en lugar de uno solo.

La aplicación de la medida, como puntualizan desde el Ayuntamiento de la localidad más poblada del Aljarafe, ha ido también acompañada de una «ampliación de las bonificaciones o tarifas reducidas para jóvenes menores de 35 años en la adquisición de su primera vivienda, familias vulnerables y víctimas de violencia de género», abarcando las bonificaciones a demandantes de empleo, pensionistas y familias numerosas.

En el caso de La Rinconada, el siguiente municipio de mayor población, gobernado por mayoría absoluta por el socialista Javier Fernández, también presidente de la Diputación y líder del PSOE de Sevilla, el Ayuntamiento aplicó ya en 2024 una subida de dos euros y medio al mes por vivienda por la recogida de basura para comenzar a aplicar la citada legislación estatal fruto de la regulación europea,

Ya para este año 2025, el Gobierno local socialista de La Rinconada apostaba por la «congelación de la tasa sin practicar subida alguna, estableciendo una horquilla de 35 euros que se pagará en función del agua consumida», bajo la «premisa razonable de que el consumo de agua de una vivienda es un buen indicador del número de personas que la habitan y, en consecuencia, de la cantidad de residuos que estas personas generan».

La fórmula, según el Gobierno local rinconero, permite «ajustar la tasa de manera equitativa según los hábitos reales de consumo y generación de residuos, beneficiando a los hogares que en ciertos momentos disminuyen su impacto medioambiental», con un máximo de 192,83 euros. Se trata de la cantidad que pagan todos los hogares de los pueblos de la Mancomunidad de La Vega, independientemente del consumo de agua.

Écija, la localidad que sigue a La Rinconada en número de habitantes, también cuenta con la medida en vigor, aunque en este caso, en el marco de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca que encabeza la ciudad astigitana, por aprobación por unanimidad en su comisión de Gobierno a finales del año pasado.

La alcaldesa de Écija, la popular Silvia Heredia, destaca al respecto que en la comisión de gobierno figuran representantes de los cinco municipios de la comarca, «de todos los colores políticos», con el voto favorable en todos los casos; exponiendo que la aplicación de la Ley estatal /2022 ha supuesto una subida del tasa de residuos desde los 21 euros anteriores por vivienda y mes, hasta 29, o sea unos ocho euros más.

La medida, aplicada así al «unísono» por las cinco localidades de la comarca, supone todo un «chaparrón» para los alcaldes o alcaldesas porque se trata de un alza tarifaria «muy desagradecida», derivada además de una decisión ajena a los gobiernos locales.

Este sucinto repaso a cómo los principales municipios de la provincia han afrontado la introducción de este incremento en la tasa de residuos refleja que incluso en localidades exentas de las facilidades de gobernabilidad de una mayoría absoluta por parte de un mismo partido, ha sido posible dar cumplimiento a la ley estatal; con un papel proactivo por parte del PSOE en la búsqueda de acuerdos y fórmulas, que no está sucediendo en el caso de la capital hispalense, donde sigue pendiente satisfacer la ley estatal de los propios socialistas.