La Diputación de Sevilla intenta tranquilizar a los pueblos afectados por el virus del Nilo mientras la Junta le dice que llega "4 años tarde"

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha apelado a la cautela y ha pedido a los 250.000 vecinos de los municipios afectados, «paciencia y tranquilidad». En esta línea, ha asegurado que «ya se está actuando sobre el terreno«, aunque ha aclarado que los efectos no son inmediatos: "Los efectos vendrán dentro de unos días cuando el tratamiento haga efecto. Entonces la gente ya notará en el territorio que la población de mosquitos va a bajar considerablemente«.

Ha señalado que se han contratado a dos empresas para cada margen del río, una para el derecho y otra para el izquierdo. Asimismo, ha asegurado que durante la reunión ambas empresas han expuestos los trabajos realizados en la primera semana, de tal forma que «los alcaldes y las alcaldesas tengan la información de primera mano para poderla trasladar a los ciudadanos», ha matizado.

«Qué es lo que se ha hecho por parte de las dos empresas: una ya lo tiene todo mapeado y muy localizado donde pueden estar los importantes focos, y la otra igual. Una ya ha empezado a actuar y la otra en el día de hoy ya está actuando«, ha continuado Domínguez.

Ante la pregunta de si se ha empezado tarde con los trabajos, el diputado ha recordado que «no se trata de una competencia local, es salud pública, cuya competencia recae en la Junta de Andalucía», pero «eso irá judicializado donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias«, ha aseverado para defender a continuación que la Diputación lo que ha hecho es »no darle la espalda a esos más de 250.000 vecinos poniendo un millón de euros sobre la mesa«.

A este respecto, ha asegurado que no van a entrar en «si vamos tarde o no vamos tarde, el tratamiento ha empezado y le aseguro yo que va a ser efectivo en los próximos días». Además, ha explicado que el contrato de emergencia realizado con las dos empresas está previsto hasta el 15 de noviembre, aunque «si hiciera falta se prorrogaría el tiempo que fuese necesario», ha matizado.

Por su parte, el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha dicho sentirse «aliviado» gracias al apoyo mostrado por la Diputación de Sevilla, que «está ahí para echarle una mano a todos los ayuntamientos sean del color que sea», ha destacado, al tiempo que ha afeado a la Junta de Andalucía que se haya «despreocupado de todos los municipios que estamos afectados».

Molero ha expresado que están «desamparados sanitariamente«, por lo que «cada uno estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta contra el virus, con las competencias totalmente delegadas en los propios ayuntamientos». No obstante, ha señalado que ahora, con la colaboración de la Diputación, «estamos un poquito más coordinados y vamos a seguir trabajando para que esta problemática que, además se está cebando con muchas familias, pase lo más rápidamente posible y los efectos sean los más mínimos de aquí para adelante«.

Además, el alcalde ha recordado que al municipio de Isla Mayor se le suma la particularidad de ser una zona arrocera, con 12.000 hectáreas de arroz, exactamente. Por tanto, «el municipio está en todo el centro de la marisma del Guadalquivir, con mosquitos andando a sus anchas, con una fauna también importante de aves que es el propio vector principal de transmisión del virus del Nilo«, y, con esta situación en zona arrocera, »no dan autorización por parte de la Administración autonómica para tratar los arrozales«, por lo que «nos encontramos totalmente con las manos amarradas«, ha apostillado .

Por su parte, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha llamado a la lealtad" a la Junta de Andalucía a la hora de combatir los mosquitos, que se ha cobrado otros cuatro infectados, uno de ellos en el propio municipio palaciego.

El primer edil ha lamentado que en los municipios afectados por esta problemática, el PP difunda "que las competencias en esta cuestión son de los ayuntamientos, no sabemos si con la pretensión de exculpar a la Junta y responsabilizar a los ayuntamientos".

Valle ha destacado la "gran cantidad de recursos económicos" movilizados por la Diputación "para llegar a donde no podemos llegar los ayuntamientos", exponiendo que "sería imposible que un municipio tenga que fumigar todo su término municipal con miles de hectáreas cuando los mosquitos se mueven de un término a otro al igual que la población".

En el margen derecho del río Guadalquivir, que engloba a los municipios de: Coria del Río, La Puebla del Río, Palomares del Río, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar, la empresa LOKÍMICA ha detallado la amplia red hidrográfica y puntos de acumulación de agua como zonas de riesgo de desarrollo larvario a controlar.

Se han empleado tratamientos larvicidas o adulticidas en diversos puntos urbanos de Coria del Río, así como en el Arroyo de Porzuna y actuaciones en zonas de margen izquierdo del Guadalquivir en el término municipal de este municipio (Acequia SE-686, Arroyo de drenaje lateral, Arroyo Cañaveral, Cuadra de caballos, Acequia Drenaje de viviendas y zona junto al Embarcadero); Puebla del Río (área inundable en Ribera del Río y calles aledañas, Ribera del Río Guadalquivir y acequias y arrozales colindantes al municipio); Palomares del Río (zonas caño Real, zonas calle de la Jimena, zona arroyo de la Ugena); Isla Mayor (alrededores Avda. de la Concordia, acequia junto punto de pesca, zona calle Nueva, zona calle Filipinas, huerto urbano, Canal Alfonso XIII); Almensilla (Arroyo de Cañada Fría, Arroyo Madre Vieja y alrededores del municipio) y Bollullos de la Mitación (diferentes puntos del arroyo entrada por Coria del Río, Privados tras polígono Pibo y revisada toda la zona perimetral del municipio).

En el margen izquierdo del río Guadalquivir, que engloba los municipios de Utrera, Dos Hermanas, Lebrija y Las Cabezas de San Juan, la empresa Athisa ha ejecutado realizado la vigilancia de la zona periurbana en todos los municipios, a un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros desde el límite municipal de cada uno de ellos y ha realizado tratamientos larvicidas y/o adulticidas en Utrera (pedanía de Pinzón) y Dos Hermanas (en compuerta en arroyo de las Culebras).

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo, acusa a la Diputación de inacción ante el VNO y lamenta "las informaciones inciertas que está trasladando la Diputación de Sevilla a la población sobre las medidas que se están llevando a cabo desde la Junta de Andalucía para el control de la Fiebre del Nilo Occidental".

Recuerda que "ha desarrollado e implementado desde 2021 el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores Transmisores de Fiebre del Nilo Occidental, así como desde 2022 y de forma anual ha establecido un sistema de vigilancia mediante trampeo en las áreas de riesgo de circulación de mosquitos para su detección temprana, en colaboración con la Estación Biológica de Donaña, EBD-CSIC"; y que "este programa, coordinado desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en colaboración con las delegaciones territoriales de Salud y Consumo, es de obligado cumplimiento para las diputaciones provinciales y ayuntamientos".

En el comunicado se asegura que "en el caso de la Diputación de Sevilla, llega cuatro años tarde a la lucha contra el Virus del Nilo Occidental (VNO). Queremos recordar que, en 2020, en plena crisis por el brote de VNO con 76 afectados y 8 fallecidos (con mayor prevalencia de casos en la provincia de Sevilla), fue la Junta de Andalucía la que tuvo finalmente que intervenir ante la inacción de la Diputación de Sevilla".

Recuerda también que "este año, tras un primer contacto en el mes de marzo avisando de las circunstancias que se podrían generar por el aumento de las lluvias, como años anteriores, la Diputación de Sevilla ha evitado involucrarse en la lucha del VNO. La Diputación fue convocada a otras reuniones en junio y julio, cuando ya había constancia de la circulación del VNO. A una de ellas, a la del 20 de junio, ni siquiera asistió. Lo que deja claro su interés por la protección de la salud de los ciudadanos de la provincia".

Dice la Consejería de Salud que "sólo ante el aumento de casos detectados y la presión por parte de las administraciones locales y la propia Junta de Andalucía para que cumpliese con sus competencias, la Diputación de Sevilla ha aceptado emprender medidas después de la que la Consejería de Salud y Consumo le facilitara un protocolo de actuación y revisara el pliego de condiciones para contratar dichos servicios con carácter urgente. Para esta última circunstancia, la Diputación de Sevilla obligó a los municipios afectados a declarar la situación de emergencia no catastrófica para poder justificar un contrato de emergencia. Situación que no hubiera sido necesaria si se hubieran puesto en marcha las medidas en tiempo y forma".

Y continúa recordando que "el Programa de Vigilancia de la Junta de Andalucía, desde el 2021, establece de forma clara cuáles son las competencias y responsabilidades de cada Administración. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y una del Tribunal Supremo que lo avalan". "Las medidas de prevención frente al VNO no deberían de haberse convertido en una lucha política, como se ha empeñado la Diputación de Sevilla en el último mes, sino que debe ser siempre una vía para ayudar a los municipios".

La Consejería de Salud destaca que "ha encontrado siempre cooperación y colaboración con las diputaciones y ayuntamientos de Cádiz y Huelva, con una ejecución de las medidas en tiempo y forma que ha posibilitado el control de los mosquitos en estas zonas. Asimismo, ha encontrado colaboración en la práctica totalidad de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, que ya disponen de sus propios planes municipales. De este modo, reconocemos el esfuerzo que cada año realizan y agradecemos su compromiso con la salud de los ciudadanos".

Recuerda por último que la "Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica comunicó el 14 de marzo de 2023 la publicación en BOJA de la salida a información pública del I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en Salud (PEVA), indicándole a todas las Diputaciones de Andalucía que en el periodo de 15 días podían realizar alegaciones dado el interés que, por las implicaciones en salud, puede suponer para los municipios de su provincia. La Diputación de Sevilla no realizó ninguna alegación y, hasta la fecha, tampoco la Dirección General ha recibido ninguna notificación judicial al respecto", asegura la Consejería de Salud.