Otro juzgado abre diligencias para investigar el fraude en la «moneda ossetana» de San Juan

El paso dado tanto por el PP como por Vox tiene su origen en un informe firmado por los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache —interventor, la secretaria, el vicesecretario y la tesorera—, en el que denunciaban el presunto fraude que está cometiendo el gobierno municipal socialista con la creación de dicha moneda.

Desde el año 2014 venía funcionando en San Juan de Analfarache esta «moneda social» con la que los más desvaforecidos del municipio pueden hacer compras en distintos supermercados locales. Si bien, el 28 de diciembre de 2018 , el alcalde firmó un convenio con el director de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía (ACPP) , José María Ruibérriz, que fue el número 17 de la lista socialista a las elecciones de 2015 en San Juan, para que a partir de entonces este programa lo gestionase esta entidad.

El alcalde del PSOE dejaba así en manos de uno de los miembros de su propia candidatura este proyecto, o lo que es lo mismo, el Ayuntamiento entregaba el dinero a la ONG y ésta se encarga de transformarlo en «moneda ossetana» para distribuirlo entre las personas que considere.

Esto llevó a los cuatro habilitados nacionales a realizar un escrito, adelantado por ABC de Sevilla en octubre de 2020, para denunciar la situación porque consideran que con este convenio el gobierno municipal ha sacado los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE los utilice de manera discrecional.

En el mismo informe explican que «la figura de ACPP como beneficiaria de una subvención está siendo incorrectamente utilizada», ya que los verdaderos beneficiarios tienen que ser las familias desfavorecidas del pueblo y no una entidad intermediaria.

A la vista de estos hechos, se procedió a realizar una investigación en los expedientes en la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan, «descubriendo que no existe expediente alguno sobre el programa de moneda ossetana ».

Los cuatro habilitados nacionales recalcan que « no existe regulación en el Ayuntamiento sobre la moneda ossetana que establezca garantías jurídicas a los usuarios o que establezca una motivación para haber procedido a la referida contratación, siendo un contrato ajeno a las competencias municipales».

Por tanto, advierten que «los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello son nulos de pleno derecho , pero articular un programa de moneda social de facto sin reglamentación alguna es una actuación en paralelo, opaca a las funciones reservadas de control y fiscalización de los empleados públicos que deben tener conocimiento de esta actividad municipal, ya que se les está comprometiendo en su labor profesional y se le está hurtando información esencial».

Además, añade el informe que «cualquier actuación no amparada en acto administrativo supone una infracción al ordenamiento jurídico ». Ysi esa actuación «lleva implícito un reconocimiento de obligaciones o ejecución de gasto, nos podremos mover en ilícitos penales o de responsabilidad contable ».

Pero además de poner en duda la legalidad de la actuación municipal, los funcionarios son transparente: «el programa de la moneda ossetana no existe». Se trata de un programa falso a través del cual el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache estaría desviando fondos a la ONG de excandidato socialista: «lo que se está produciendo es la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley ».

Este informe hizo que tanto el Partido Popular como Vox anunciaran que pondrían en manos de la Justicia este asunto. Según los populares, «son más de 200.000 euros que se han presupuestado desde el 2014 y que el gobierno municipal tiene que aclarar si estos fondos se han destinado a este objetivo social, algo que hasta ahora no han hecho».

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 20 ha acordado, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, incoar diligencias previas por la denuncia de la portavoz del PP en San Juan. María Luisa Moya, por presunta prevaricación . Además, la juez ordena prácticar de las pruebas que sean necesarias para determinar la naturaleza de los hechos denunciados y los participantes en los mismos ante la posible existencia de una infracción penal.