Otro alcalde del PSOE de Sevilla acorralado por la Justicia que no dimite

Este Código Ético del partido recoge en su punto 5.2 que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».

El último hay que buscarlo en el Aljarafe. En concreto en Benacazón , puesto que l a Fiscalía de Sevilla pide para la regidora socialista, Juana María Carmona, ocho años de inhabilitación por prevaricación por la presunta contratación fraudulenta en la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir de un exconcejal del PSOE. Y lo hará por petición de Adelante-Izquierda Unida , que casualmente es su socio de gobierno desde que a mediados de junio de 2019 firmaran un pacto de gobierno para el presente mandato.

De hecho, la formación de izquierdas tiene previsto presentar este jueves en el Registro del propio Ayuntamiento aljarafeño el escrito para solicitar una moción de censura contra Carmona , tras haberle avisado verbalmente el día 7 de que se pronunciase al respecto y presentara la dimisión, cosa que, según fuentes de Adelante, no lo hizo y así «desentramar todo este asunto y convertir al Ayuntamiento en parte afectada, y no en tapadera de lo ocurrido».

Por tanto, si Carmona no presenta su dimisión este mismo miércoles, cuando se cumplen los diez días del ultimátum dado, mañana mismo se registraría la moción que, según los plazos legales, se celebraría diez días hábiles posteriores en un pleno extraordinario el próximo 30 de junio .

Según ha podido conocer ABC, el PP —que están actualmente en la oposición junto con Ciudadanos— y Adelante serían los que se repartirían los dos años de gobierno que quedan hasta las próximas elecciones municipales de 2023. Para ello es fundamental el apoyo de los dos ediles de Cs , que sumarían siete merced a los tres actuales del Partido Popular y los dos de Adelante frente a los seis del PSOE. Inicialmente, sería el PP el que se haría cargo ahora del bastón de mando de la Alcaldía durante un año y Adelante, el último del mandato.

Inicialmente, la formación de Adelante-IU que lidera Manuel Ortiz Soriano (primer teniente de alcaldesa), que forma parte del gobierno junto a su compañera Carmen Rocío Bautista, solicitaba a la Fiscalía una pena máxima de 15 años, que la propia Fiscalía ha rebajado a ocho por prevaricación tras interponer denuncia en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor contra la Mancomunidad del Guadalquivir en febrero de 2018.

Tres años después y unas elecciones municipales de por medio, la Fiscalía se ha pronunciado dejando a la alcaldesa con una moción de censura a mitad de mandato y con una petición de inhabilitación para cargo público de ocho años.

En 2009, el municipio benacazonero entró a formar parte de la Mancomunidad encargada de la recogida de basuras y residuos que abarca a 27 municipios sevillanos. Como condición, según explica Adelante, se acordaba que el personal municipal que se encargaba de este cometido pasara a formar parte de la plantilla de este ente comarcal.

Fueron cuatro plazas las que deberían integrarse en la Mancomunidad (dos de conductor y dos de peón de limpieza), por lo que ese mismo enero de 2009 se propuso a los cuatro trabajadores su traspaso «bajo condiciones de empleo indefinido y estable. Además, se estipulaba que si el Ayuntamiento de Benacazón abandonaba la Mancomunidad, estos trabajadores regresarían al Ayuntamiento», explica esta formación denunciante.

De los cuatro, solo uno decidió seguir como personal municipal , por lo que quedaba libre una de las cuatro plazas que le correspondía a Benacazón por su integración. «Esta plaza se supondría que iría dirigida a aquellos trabajadores que, no siendo fijos del Ayuntamiento de Benacazón como los cuatro originales propuestos, sí que hubieran formado parte del equipo de limpieza en reiteradas y repetidas ocasiones. Nos consta que en esta situación había varias personas de la localidad, que hubieran tenido que evaluar para ver quién debía entrar como cuarto en la plantilla de Mancomunidad», detalla la formación de Adelante.

En abril de 2009 la ya por entonces alcaldesa actual, Juana María Carmona, propone a la Mancomunidad, en vez de alguna de estas posibles personas candidatas, a D.P.S., antiguo concejal por el PSOE de Benacazón (al menos durante los períodos 1991-1995 y 1995-1999) que nunca había trabajado como peón o conductor en la recogida de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) en el Ayuntamiento de Benacazón. La Mancomunidad recibe la proposición de la alcaldesa y nombra a D.P.S. como trabajador de la plantilla de Mancomunidad, recibiendo también las condiciones de empleo indefinido y estable. Condición que no le correspondía en ningún caso, sigue explicando.

«No sólo tenemos pruebas, sino que el 2 de febrero de 2018 la asamblea local de Izquierda Unida de Benacazón decide interponer por cuenta propia una denuncia en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor contra la Mancomunidad del Guadalquivir, por la poca transparencia en los procesos de contratación de personal. Observamos la gravedad del problema a raíz de una consulta de Manuel Ortiz Soriano en un pleno de Mancomunidad el día 5 de diciembre de 2017 como representante de IU Benacazón, en el que preguntó al entonces presidente de la Mancomunidad qué ocurrió con esta y otras contrataciones fraudulentas».

Adelante explica que al acabar el acto, varios representantes sindicales (UGT) «confirmaron a nuestra asamblea que llevaban años luchando contra este tipo de prácticas en la Mancomunidad, informándonos al detalle de lo que habían recabado desde hacía años, de esta y otras contrataciones».

Manuel Ortiz Soriano, por entonces miembro de la oposición en el Ayuntamiento, solicitó formalmente documentación al respecto al Consistorio y a la propia Mancomunidad del Guadalquivir. Aunque el Ayuntamiento «no dio información clara» , la Mancomunidad «sí que nos remite un documento fax en el que la alcaldesa propuso al gerente que se contratase al exconcejal del PSOE, dando a entender que había llevado a cabo labores de peón de limpieza en el Ayuntamiento, cosa completamente falsa , y que le sirvió para ser contratado».

Tras distintos asesoramientos jurídicos, la asamblea local de IU decide interponer denuncia en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor contra la Mancomunidad en febrero de 2018.