Tribunales
Los regidores de Cazalla y Bormujos siguen al frente a pesar de estar imputados
Francisco Molina y Sotero Martín tienen cuentas pendientes con la Justicia en la actualidad
Martín Laínez
El caso de la alcaldesa de Benacazón se suma a una lista de dirigentes socialistas a los que su partido les ha permitido saltarse su Código Ético, a pesar de que este deja muy claro cuándo deben cesar de sus funciones al estar ... investigado por la Justicia.
El anterior caso se ha dado también en otro municipio del Aljarafe, como Bormujos , don de su regidor, Francisco Molina, tiene pendiente una cita con la Justicia este próximo otoño al encontrarse en situación de procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias tras haber construido una nave municipal saltándose todos los procedimientos legales, como publicó el pasado mes de enero ABC.
Por tanto, según el código socialista, ya debería haber presentado su dimisión. Mientras tanto, sigue al frente del gobierno municipal, si bien sobre él planea una moción de censura liderada por el Partido Popular y que cuenta con el apoyo de Vox mientras que se está a la espera de que Cs, que formó parte del gobierno hasta hace poco tiempo, decida dar un paso al frente y secundar esta moción.
El segundo caso evidente de que no se ha cumplido lo que dictamina el Código Ético del PSOE se da en un pueblo de la Sierra Morena sevillana. En Cazalla de la Sierra , su alcalde, el también socialista Sotero Martín, ya debería haber presentado su dimisión, algo que le llegó a pedir la propia oposición en un pleno extraordinario. De momento, sigue al frente a pesar de estar procesado en una de las piezas separadas del escándalo de los ERE .
El juez de refuerzo de Instrucción 6, José Ignacio Vilaplana, decidió abrir juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos Rodríguez de la Borbolla y el actual alcalde de Cazalla, Sotero Martín, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios. Para Martín, la Fiscalía solicita además seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta.
Por su parte, Martín explicaba que «por los mismos hechos ya existe un auto de sobreseimiento» de la investigación, en alusión al auto dictado entonces por la juez María Núñez Bolaños, quien señaló que aunque Sotero Martín ostentó «durante algún tiempo el cargo de consejero» en Cortansa, la dirección de la sociedad y del resto de empresas investigadas con relación al sector del corcho así como «el mando o la capacidad decisiva» de las mismas recaían «directamente» sobre Ángel Rodríguez de la Borbolla.
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