Procesado el exalcalde de La Puebla y expresidente de la Mancomunidad del Guadalquivir por prevaricación

En un auto del pasado 22 de noviembre, la instructora dispone la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado y traslada la causa a la Fiscalía y las acusaciones particulares para que en diez días manden su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral , el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas pruebas.

La jueza Teresa Cuberos considera que de las pruebas practicadas hasta ahora se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, «con la provisionalidad propia del momento procesal», imputar a los dos investigados el delito de prevaricación administrativa.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2008 y en noviembre de 2010, periodo en el que Álvarez presidía la Mancomunidad del Guadalquivir, dedicada a la recogida de residuos y la limpieza viaria en 27 municipios de Sevilla, y Ribera era el gerente.

En agosto de 2008, la Mancomunidad contrató un peón de recogida «por orden de la presidencia y la gerencia de la Mancomunidad» , pero no consta que dicho trabajador estuviese incluido en ninguna bolsa de trabajo temporal, por lo que la operación se llevó a cabo «sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto», según el auto.

En junio de 2008 se repitió la situación con la contratación de un ingeniero técnico agrícola , mientras que en noviembre de 2010 ocurrió con otro peón de recogida. Las tres operaciones contaban con el informe desfavorable del interventor municipal , según detalla la instructora.

La magistrada recuerda que la Ley de Régimen de Bases de Régimen Local establece que la Mancomunidad del Guadalquivir es una entidad local, por lo que en relación a la selección de todo el personal debe c onvocar públicamente «concurso, oposición o concurso-oposición libre» y garantizar «los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y el de publicidad».

Álvarez, exalcalde de La Puebla del Río por el PSOE, declaró como investigado en mayo de 2018 y explicó que no intervenía en los procesos de contratación, ya que eran elaborados por los servicios técnicos, a lo que añadió que sólo firmaba los contratos por razón de su cargo.

El 27 de diciembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río se inhibió a favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor, que reabrió la causa.