El alcalde socialista de Valencina de la Concepción, investigado por un delito de prevaricación omisiva

José R. P, que así se llama el denunciante, firmó con el anterior equipo de gobiernos del PP un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencina por el que abonó la cantidad de 62.500 euros para poder edificar en dos parcelas de 5 hectáreas lindantes con el término municipal de Salteras en su conjunto, donde tenía previsto construir junto con otros socios 17 viviendas.

Por aquel entonces estaba en vigor el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que se firmó bajo el mandato del PP y su socio de gobierno PSIV 2003-2007. Al cambiar de gobierno, en 2008 y entrar como alcalde el socialista Antonio Manuel Suárez el denunciante se encontró con que « tumbó el PGOU anterior y me dejó tirad o con el convenio firmado puesto que en el nuevo no se contemplaba lo firmado, por lo que decidí reclamar la cantidad pagada pero esta se me ha denegado desde entonces, por lo que tuve que acudir a la vía judicial», explica José R. P.

Ahora, y tras años de reclamaciones y la «falta de respuesta» del propio Ayuntamiento, llega esta citación como investigado por parte del Juzgado. «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal », reza en los razonamientos jurídicos, sobre el alcalde socialista, que está citado la próxima semana, si bien es probable que no acuda a la citación.

Según ha tenido conocimiento ABC, el abogado que le asiste ha emitido al citado juzgado un escrito en el asegura que le será imposible asistir a su defendido puesto que ese mismo día y una hora antes tiene otro juicio por lo que solicita la suspensión de la declaración como investigado del regidor por lo que solicita una nueva fecha.

En el año 2009, el denunciante solicitó la devolución de los 62.500 euros y «al no tener respuesta de ningún tipo y verme en absoluta indefensión me vi obligado a denunciar los hechos ante el juzgado de guardia , aportando evidencias probatorias que se estaba cometiendo una apropiación indebida por parte de los responsables municipales que se negaban a la devolución de su dinero, a pesar de contar con fondos más que suficientes para realizarla».

Por ello se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 20 y se instó al Ayuntamiento en 2010 «urgentemente y sin dilación alguna» sobre las causas «que impidan o dificulten la devolución de la fianza de los 62.500 euros». La respuesta municipal obtenida tres semanas más tarde indicaba que no había «nacido la obligación de devolver la cantidad ingresada» al estar en vigor el PGOU, por lo que se procedió al sobreseimiento provisional de la causa penal.

Entonces la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil investigó el caso llegando a la conclusión de que «no correspondía la devolución porque el convenio firmado con el Ayuntamiento era de carácter indefinido y no estaba condicionado al PGOU tramitado hasta 2007, sino que se vinculaba al nuevo que se estaba tramitando».

Pasados nueve años de la firma del convenio, el denunciante sigue su particular lucha y asegura que «no he tenido jamás notificación alguna acerca del estado del mismo». Al tener conocimiento de que se estaba desarrollando un nuevo PGOU en Valencina «comprobé que mi parcela no estaba incluida, por lo que solicito que me mandara una cédula urbanística para comprobar el estado en que se encontraba el convenio que firmé, pero no obtuve respuesta».

Tras pedirle audiencia al propio alcalde «sin respuesta» y enviar hasta «catorce escritos», acude en diciembre de 2018 al Defensor del Pueblo antes de acudir nuevamente a la vía judicial para que hiciera de intermediador sin haber obtenido, siete meses después respuesta del Ayuntamiento.

En un escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 6, el denunciante esgrime que «es vox populi en Valenciana que miembros del PSOE difundieron en foros del pueblo que después de ganar las elecciones municipales de 2007 con mayoría absoluta, se iban a enterar los que habían firmado los convenios urbanísticos con la corporación saliente ».

Es por ello que ahora el Juzgado ha citado para la próxima semana al actual alcalde sobre este convenio por que el abonó como fianza 62.500 euros y que «si me tuvieran que devolver habría que sumar unos cien mil euros más en intereses ». Además, cita algunos ejemplos de otras personas que se han encontrado en similares circunstancias y que han recibido el pago de los intereses.