Aguirre defiende que la Junta «ha respondido a las demandas» de los afectados por los hedores de Coria

Así queda de relieve en una respuesta del consejero, a una pregunta parlamentaria de las diputadas autonómicas no adscritas María Isabel Mora y María del Carmen García, de Adelante Andalucía , una marca refundada por Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía tras el cisma vivido en dicho grupo parlamentario.

Mientras el Juzgado número 3 de Coria sigue indagando un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con afección grave a la salud de las personas a cuenta de estos episodios de hedor, llamando a declarar como investigadas a no pocas personas entre las que figura el propio alcalde del municipio, Modesto González, o el propio secretario del Ayuntamiento; Aguirre pormenoriza en esta respuesta recogida por Europa Press las gestiones de su departamento ante la situación sociosanitaria de los afectados.

Así, rememora que tras la denuncia inicial en octubre de 2017 , la Consejería ya movilizó una inspección en uno de los domicilios y fue declarada una «alerta sanitaria» por los síntomas mostrados por no pocos vecinos, señalando la participación de la Consejería en la comisión de participación ciudadana constituida a tal efecto, entre otras medidas.

En su prolijo informe, el consejero asegura que «durante 2021, se ha respondido a las demandas» de la asociación de vecinos afectados, con medidas como la «derivación» de casos a la Unidad de Medicina Interna del hospital Virgen del Rocío o de los menores con síntomas a la unidad de gestión clínica de Pediatría de dicho centro, «reforzando» las urgencias del centro de salud de Coria cuando surgió «la alarma social», entre otros aspectos enumerados por Aguirre.

Recientemente, por cierto, se celebraba una reunión de la comisión conformada entre dichos vecinos y el distrito sanitario Aljarafe Sevilla Norte, fruto de la cual los afectados ven más cerca las «soluciones adecuadas» en el ámbito sanitario, para «corregir una deficiencia detectada en la asistencia sanitaria prestada en el hospital Virgen del Rocío»; así como proporcionar a los afectados, «y muy en particular a los niños y menores de edad, una atención médica especializada en tóxicos ».

Recordemos que cuando el pasado 16 de octubre de 2020 prestaron declaración como investigados los administradores y el gerente de la gasolinera, los mismos habrían negado que la instalación, gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., sufriese «fugas» en sus depósitos de combustible o cualquier «vertido» de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una «barrera hidráulica».

Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una «contaminación histórica» en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.

En las actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado, tras mediciones realizadas en el interior de varios domicilios de la citada barriada, la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos , así como sulfato de dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente, en las proximidades de la gasolinera intervenida la presencia de un vertido de hidrocarburos.

Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera.

Dicha contaminación «ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el sistema natural del estuario del Guadalquivir , así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas» de la zona.

Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado.