Hallan un «cúmulo de irregularidades» para malversar dinero público en ACM

El avance en la investigación del caso  de la empresa municipal del Ayuntamiento de Alcalá, ACM, ha supuesto la realización por parte del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil que investiga el caso la realización de un segundo informe, al que ha tenido acceso ABC y en el que  se dan a conocer diversas prácticas de la entidad tanto en el terreno económico como en la actuación de sus responsables tras iniciar la investigación del caso para intentar coartar los testimonios de los testigos. Consideran los investigadores que de confirmarse los hechos, existiría una actuación de tipo «mafioso» al haber realizado amenazas y coacciones a los testigos.

En las declaraciones de los proveedores figuran testimonios que indican que en su trato con ACM existen irregularidades graves. Entre ellas una práctica que serviría para obtener dinero en metálico para el bolsillo de los propios responsables de la empresa . Según la Guardia Civil la actuación consistía en «incrementar desproporcionalmente el precio de lo facturado por el servicio prestado para después devolverle en metálico a los gestores de ACM parte del dinero».

Pero la relación de irregularidades suma una larga lista y en ella figuran por ejemplo:  «obligar a facturar dos veces por el mismo concepto, facturar por servicios no prestados, facturar a ACM servicios que correspondían a otra instancias, ya fueran particulares o partidistas o contratar a dos proveedores para una misma función». La actuación narra también un procedimiento para justificar supuestos gastos no existentes . Se trataba de usar el negocio de un familiar de uno de los responsables de la empresa municipal para expedir facturas a ACM.

El informe incorporado a la investigación del caso, fija responsabilidades de los hechos . el contable, Javier Luque, aparece en primera instancia  como autor material de las irregularidades en la contabilidad. Pero todo ello, explica la Guardia Civil que no hubiera ocurrido nunca «sin la presión, connivencia y/o directrices dadas en ese sentido, por, cuando menos, el coordinador de ACM, Manuel Costillo y el gerente de ACM, José Luis Díaz».

Y más allá de los hechos denunciados calificados como «graves» los investigadores consideran que fueron informados responsables políticos del Gobierno municipal como el alcalde Antonio Gutiérrez Limones y el presidente del PSOE de Alcalá, Bernabé Gámez. Pero además del apartado económico,  la Guardia Civil advierte de la posibilidad de que existan coacciones a los testigos para faltar a la verdad en el caso de ser llamados a declarar por parte de los investigadores policiales. Y más allá, de confirmarse la veracidad de los hechos, hablan de la existencia de amenazas a tres de los cuatro testigos que actualmente están en el procedimiento judicial. Dos  de ellos anunciaron hace unos días que habían presentado una denuncia por coacciones y amenazas por parte del entorno del PSOE.

Los investigadores apuntan a este mismo origen para las amenazas y afirman que «dimanarían tanto de responsables de la gestión de ACM, como sería José Luis Díaz (gerente de ACM), como de responsables políticos del municipio, como sería el caso de Bernabé Gámez» (que fue presidente del PSOE de Alcalá). La Guardia Civil estima que de confirmarse esta situación « estaría más próxima a un comportamiento mafioso que a lo que debería ser la gestión de una empresa municipal mantenida con dinero público».

En general, la Guardia Civil corrobora con su investigación las afirmaciones realizadas por el contable de la empresa, Javier Luque en una grabación en la que relata diversas irregularidades y que dio origen a la investigación del caso