Piden 2 años de cárcel y 667.425 euros al exalcalde de Burguillos

La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, relata que López concedió las licencias "violando consciente y deliberadamente las normas procedimentales" y en contra de los informes del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento, aunque en ocasiones bajo los auspicios del también acusado Federico Ángel G.R., contratado como arquitecto técnico.

Se trataba de unas obras de urbanización en el Polígono Cuarto de la Huerta, donde a continuación López otorgó una serie de licencias de primera ocupación.

Además, el alcalde, "violando los principios de transparencia y publicidad", firmó en febrero de 2004 un convenio urbanístico con la empresa Dovamar para el desarrollo del sector "Las Cardonas", pese a que tal convenio "careció de tramitación alguna en el Ayuntamiento".

Tras dicho convenio, concedió una licencia para la ejecución de obras de urbanización que "es nula de pleno derecho porque fue otorgada prescindiendo total y absolutamente de las normas de procedimiento legalmente establecidas", añade el fiscal.

Esta iniciativa fue seguida unos años después por la aprobación de la "definitiva recepción de las obras de urbanización del sector", en mayo de 2009, que "contradecía lo dispuesto en la Ley Urbanística de Andalucía "que requiere la previa terminación de la totalidad de las obras" y el correspondiente certificado del técnico-director.

Las obras no estaban terminadas porque faltaba concluir la red eléctrica, conexión a centros de transformación y obras de jardinería, pero el arquitecto técnico imputado informó favorablemente su recepción, según la Fiscalía.

Posteriormente el exalcalde aprobó el Proyecto de Urbanización, pese a que el secretario municipal le informó de que la aprobación debía ser posterior a la subsanación de las anomalías.

"Esta serie de decisiones arbitrarias del imputado tuvieron su reflejo en una vertiente económica, derivándose un alto coste para el erario público municipal" y otros inconvenientes como el hecho de que la compañía eléctrica Endesa se ha negado a suministrar energía "debido a las graves deficiencias existentes", dice el fiscal.

Por ello, la petición de la Fiscalía incluye que José Juan López sea declarado responsable civil de los gastos que ha debido pagar el Ayuntamiento, entre ellos 134.350 euros por los costes privados sufragados por el municipio entre 2006 y 2008 y los 533.075 euros por las obras necesarias para "paliar las deficiencias ocasionadas por su arbitraria resolución".

Para el exalcalde, la Fiscalía solicita dos años de prisión, dos condenas de ocho y diez años de inhabilitación y para Federico Ángel G.R. un año y medio de cárcel e inhabilitación de ocho años para cargo público.