La Junta de Andalucía no reabrirá el plazo para solicitar ayudas a la solvencia

El Gobierno autonómico prevé conceder 600 de los 1.109 millones que recibió para estas subvenciones

Autónomos y empresas que hayan registrado un 30% de caída de ingresos han podido pedir las ayudas de apoyo a la solvencia, que van desde los 3.000 a los 200.000 euros. ABC

La Comunidad de Valencia ha decidido prorrogar entre el 4 y el 13 de diciembre el plazo para que autónomos y empresas puedan pedir las ayudas de apoyo a la solvencia, ya que sólo ha concedido 210 de los 647 millones de euros ... que le transfirió el Gobierno central. En el caso de Andalucía, el Gobierno le transfirió 1.109 millones de euros, la Junta recibió 90.000 solicitudes y ha repartido por ahora 476 millones. Sin embargo, el Gobierno presidido por Juanma Moreno no prevé abrir un nuevo plazo para solicitar las ayudas porque entiende que, salvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cambie algunas condiciones para la concesión de estas subvenciones, no recibiría muchas más peticiones.

La Junta fijó el vencimiento de plazo para pedir las ayudas el 15 de julio de 2021, pero a la vista de las escasas solicitudes fue prorrogando en sucesivas ocasiones hasta el 15 septiembre, el 30 de septiembre, el 2 de noviembre y el 15 de noviembre.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha ordenado el pago de 36.790 ayudas de apoyo a la solvencia empresarial por importe de 476,9 millones de euros. Fuentes del Gobierno andaluz indican que esta semana prevé resolver expedientes con solicitudes con otros 65 millones de euros, con lo que llegará a los 540 millones de euros.

Además, le quedan por resolver aún 60.000 ayudas solicitadas, para lo que tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 20 21. «Hay empresas que se encuentran en plazo de solicitar, ya que tienen de plazo 10 días desde que les llega la notificación de la Agencia Tributaria. Muchos de esos autónomos y empresas recibieron este lunes la comunicación, por lo que aún les queda tiempo», informa la Junta de Andalucía. Cuando termine de resolver el 100% de las solicitudes espera llegar a la concesión de entre 600 y 700 millones de euros.

Requisitos

Desde el Gobierno andaluz se recuerda que avisaron hasta la extenuación de las graves deficiencias que presentaba el diseño de estas subvenciones directas del Estado a las empresas y autónomos para paliar las pérdidas del Covid. «Hemos simplificado trámites, con una oficina técnica de cien personas, atendiendo cada caso y apurando los plazos hasta el último minuto. A pesar de nuestros esfuerzos, muchos se quedarán sin poder acceder a las mismas por no reunir los requisitos, como es demostrar que tienen pérdidas del 30%», indican fuentes del Ejecutivo autonómico.

«Según datos de las asociaciones de autónomos (ATA), todas las comunidades autónomas están teniendo las mismas dificultades y han repartido sólo uno de cada tres euros destinados a estas ayudas. Es más, sólo uno de cada cinco autónomos han podido acceder a las mismas», añade la Junta de Andalucía. Según ATA, muchos autónomos no puede presentar facturas de gastos, aunque sus ingresos cayeron más de un 30%, especialmente en el colectivo de psicólogos, fisioterapeutas, periodistas, fotógrafos...

«Canarias y Baleares han superado el porcentaje de reparto de estas ayudas porque a esas regiones el Gobierno les permitió dar ayudas de hasta 5 millones de euros por solicitante, mientras que en el resto de comunidades es de 200.000 euros», señalan desde la Administración autonómica.

Para llegar a un mayor número de beneficiarios, el Gobierno central permitiró que se incorporaran los costes salariales y las cotizaciones sociales (incluida la de autónomos) dentro de los 'costes fijos incurridos', con objeto de llegar al máximo número posible potencial de beneficiarios. Además, la segunda modificación permitió acceder a estas subvenciones aquellas pymes que hubieran sufrido pérdidas en 2019, siempre y cuando en el momento de la solicitud no estuvieran en concurso de acreedores.

También se permitió incluir los 'costes fijos incurridos', término que incluyó los costes fijos soportados por los beneficiarios, como el pago de la factura de la luz, teléfono, agua, renting, alquiler y tasas municipales.

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