El psiquiátrico de Sevilla lidera en España los ataques a funcionarios

Los diputados socialistas Miguel Angel Heredia, Ana María Botella y David Serrada , portavoz de Interior, habían pedido al Gobierno que le facilitase datos sobre las agresiones a trabajadores de centros penitenciarias en 2017 y su variación respecto al año anterior. En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo informó de que en 2017 hubo 305 agresiones, de las cuales ocho fueron graves (un 60% más respecto a 2016), 176 leves (un 8% más), y 121 acabaron sin lesiones (un 37,3 menos que la cifra de un año antes).

Tras Andalucía , se registraron 52 agresiones en la Comunidad de Madrid, 47 en la Comunidad Valenciana, 21 en Baleares, 17 en Castilla y León, 15 en Galicia, 13 en Canarias y en la Región de Murcia, 10 en Aragón, 9 en Extremadura, 7 en País Vasco, 3 en Asturias, 2 en Navarra y una en Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Ceuta, mientras que en Melilla no hubo ninguna en esta etapa.

A estos datos, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia añadió otros que, a su entender, se deben tener en cuenta, como el hecho de que el número de accidentes laborales de los funcionarios de prisiones se haya incrementado casi un 30 por ciento , pasándose de los 931 registrados en 2011 a los 1.186 que se contabilizaron hasta el 4 de diciembre de 2017. Heredia señaló que esos incrementos son especialmente significativos en prisiones como las de Madrid, donde se ha pasado de 130 a 181 accidentes laborales durante este periodo; Baleares de 24 a 85; La Coruña, de 27 a 66; Cádiz, de 50 a 95; Granada, de 26 a 40; Alicante, de 49 a 65; o Badajoz, donde se ha pasado de 7 a 19.

Con estos datos en la mano, los de agresiones y los de accidentes laborales, el parlamentario socialista se preguntó si tiene algo que ver esas cifras con el descenso de «1.285 trabajadores» en los centros penitenciarios , una media de casi 200 menos por año, que hay desde 2011.

En el caso de Sevilla , desde luego, la reducción de profesionales ha sido relevante en los últimos años y, según los sindicatos, está vinculada a ese aumento de la conflictividad. Este hospital público, uno de los dos que existen en España para las especialidades penitenciarias de enfermedad mental, actualmente cuenta con 160 internos-pacientes ingresados.

Y para todos ellos sólo existe un psiquiatra, ya que los otros dos que había están de baja y ninguna de las dos se ha cubierto a causa de la famosa «tasa de reposición cero» que soportan las administraciones locales. La Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofertó cuatro puestos de trabajo de psiquiatra para su cobertura mediante comisión de servicios en los hospitales de Alicante y Sevilla, si bien sólo fue posible la cobertura de una plaza en el centro levantino.