Los directivos de la planta de reciclaje de Estepa vendieron camiones a su propia empresa por 181 euros
El sumario del caso del Consorcio de Medio Ambiente de Estepa explica las operaciones inmobiliarias para blanquear dinero
La contratación por parte del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur con una empresa que era propiedad del interventor y el jefe de la planta fue el detonante de todo el escándalo. El juez explica en diversos autos que constan en el ... sumario que José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez compraron la sociedad Magno Ambiental del Levante a un empresario de Herrera y luego pusieron como administradoras a sus esposas . A partir de esta adquisición, el organismo público que ellos dirigían firmó con su propia empresa un contrato de «cesión del uso de diversa maquinaria destinada a la recogida de basura», pero aquel contrato «se celebró prescindiendo de toda licitación o publicidad » y acabó «suponiendo la adjudicación del contrato a los propios investigados en condiciones muy ventajosas para ellos y claramente desfavorables para el Consorcio de Medio Ambiente, haciéndole incurrir en un sobrecoste cuyos beneficiarios vendrían a ser aquellos». La Policía estima el perjuicio en más de un millón de euros y el instructor da detalles muy llamativos sobre la forma de actuar de Mañas e Ibáñez.
El juez Velasco indica que «el Consorcio ya era titular de maquinaria destinada a los mismos fines que aquella que fue objeto de arrendamiento, así como que en fecha 21 de marzo de 2019 el Consorcio vendió a Magno Ambiental los camiones de su propiedad por el reducido precio de 181,50 euros cada uno». Más baratos que una bicicleta. Es decir, vendieron camiones de titularidad pública a su empresa particular por un precio simbólico, generando así un perjuicio al patrimonio del Consorcio.
El instructor señala también que esta entidad compuesta por 17 ayuntamientos de la Sierra Sur y presidida desde sus orígenes por alcaldes del PSOE contrató con Magno Ambiental desde diciembre de 2014 hasta enero de 2020 por valor de 1.814.501 euros . Además, la mercantil Excavaciones Manuel Guillén, cuyo dueño fue el que vendió Magno a los responsables del Consorcio, le facturó 1.840.418 euros.
Por otra parte, el juez aclara que el interventor compró una finca por 200.000 euros a un matrimonio de Córdoba que seis meses después vendió por 835.000 euros y que casualmente el Consorcio hizo pagos a la empresa del vendedor de la parcela, lo que «hace sospechar que estas operaciones inmobiliarias se enmarcan en la operativa de blanqueo», así como la compra de una vivienda con cochera en Torremolinos por apenas 92.000 euros, un precio muy inferior al de mercado.
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