El juez de la planta de reciclaje de Estepa suspende las vistas porque no caben todos en la sala

Todas las instrucciones con un número alto de investigados van a plantear este problema, ya que los espacios judiciales están muy limitados en toda la provincia. Además, la solución telemática tampoco funciona y las medidas protectoras no han llegado. «A fecha de hoy no se dispone de elementos de protección tales como mamparas, aunque sí de protectores desechables para micrófonos, dispensador de gel hidroalcohólico y posibilidad de limpieza entre señalamientos», denunció el juez en el auto de señalamiento de fechas para los interrogatorios del Consorcio de Estepa. El magistrado Francisco José Velasco Ortiz explica que « el reducido tamaño de la sala de vistas impone una drástica limitación de acceso para hacer posible la distancia interpresonal de 1,5 metros y sólo permite la presencia de un letrado a la derecha de la presidencia (o del Ministerio Fiscal si interviene) y dos letrados a su izquierda». Además, «la única experiencia habida en este juzgado en lo atinente a la celebración íntegramente telemática de un juicio utilizando la aplicación Circuit no ha resultado satisfactoria » porque «existen problemas de sonido e interferencias y dificultades para la documentación o grabación del acto». De hecho, el juez explica que al no poderse conectar a la plataforma de grabación Arconte, en ocasiones anteriores esta grabación tuvo que «realizarse enfocando la videocámara de sala al televisor donde se proyectaba la imagen y orientando un micrófono hacia la salida del sonido del mismo televisor». Una chapuza que los funcionarios prepararon para salir del paso, pero que no es seria en una instrucción de tanto calado como la que se está llevando a cabo en la planta de reciclaje de Estepa. El juez ha pedido auxilio a la Junta, que tendrá que buscar una solución para evitar dilaciones indebidas que favorezcan a los acusados.

Por el momento se han quedado pendientes de celebración las comparecencias del principal investigado en la trama, José Antonio Mañas , interventor del Consorcio, y de su socio y jefe de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez , así como de sus esposas y de la hija del primero, a quienes se investiga por un supuesto enriquecimiento patrimonial ilícito, ya que la sociedad con la que podrían haber comprado hasta 30 terrenos usando los fondos del organismo público, Promocañete, tiene como administradora a la hija de Mañas.

También se han suspendido las citaciones previstas para el 30 de septiembre de cuatro empresarios con los que los responsables del Consorcio firmaron acuerdos saltándose los procedimientos. Por el momento, no hay nueva fecha para estas vistas porque el juez espera una solución alternativa por parte de la Consejería de Justicia.