La ADR Sierra Sur aprobó pedir «cooperación» al Consorcio de Estepa para «normalizar» su economía

Según el acta de la asamblea general extraordinaria celebrada en abril de 2019 por la Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur, marcado por la pérdida de la condición de grupo de desarrollo rural (GDR) por incidencias en la justificación del gasto de subvenciones públicas, a aquella sesión asistieron no sólo los representantes de las entidades públicas y privadas que participan en la ADR, sino además Basilio Carrión y José Antonio Mañas en nombre del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur.

Y es que según dicho documento, recogido por Europa Press, se había «hablado con el Consorcio» la idea de promover un «plan de viabilidad» para la ADR, cuya situación impedía desde años atrás que la entidad accediese a la estrategia de desarrollo local de la zona, dotada con 4,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Según el acta, frente a la situación de la asociación de desarrollo rural, en aquella sesión se abordó la propuesta de «suscribir un convenio de colaboración financiera » con el Consorcio, «para sufragar los gastos de personal y de funcionamiento y para la constitución del aval a favor de la Hacienda Pública Autonómica», de acuerdo a un acuerdo previo del mes de marzo.

Así, en esta sesión de la asamblea general de la asociación de desarrollo rural fue acordado «solicitar la cooperación del Consorcio de Medio Ambiente para la normalización económica» de la entidad, « aportando los fondos necesarios en la forma que lo estime conveniente».

De cualquier manera, recordemos que a la hora de declarar como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, el ya expresidente del Consorcio, Basilio Carrión, alegó que él no se encargaba de la «gestión ordinaria» del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, atribuyendo el «funcionamiento» rutinario del mismo al secretario, José Antonio Mañas, y el jefe de la planta de tratamiento de residuos e igualmente investigado, Manuel Ibáñez.

Según la Policía Nacional, desde dicho consorcio fueron realizadas contrataciones con cargo a fondos públicos y sin ningún tipo de licitación , en favor de «empresas fantasma cuyos administradores eran familiares» de los miembros de la red investigada, figurando por ejemplo contrataciones con una empresa administrada por el propio secretario interventor y el jefe de la planta de tratamiento de residuos.