Cabrera reprocha a Vox usar la Justicia para conseguir su cese por el lío del bar

Así lo expone el abogado de Cabrera en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, cuya titular, en el marco de una actuación inusual en los tribunales , le ha permitido a esta parte elevar alegaciones a la denuncia de Vox contra el teniente de alcalde, en la que le imputa hasta cinco delitos por los hechos del Día de Reyes.

Este escrito, con fecha de 8 de febrero, se ha conocido este viernes, el mismo día que ABC de Sevilla ha adelantado la versión de los hechos ofrecida por el propio Cabrera al PP y en la que a dmite por primera vez que aquel día habló por teléfono con el jefe superior de la Policía Local de Sevilla , José Medina Arteaga, tras la discusión con los encargados del bar por la negativa del establecimiento a colocarles una mesa para diez personas.

El 6 de enero era uno de los días en los que la normativa sobre las medidas para contener el Covid-19 permitía diez personas comiendo en la misma mesa, pero en El Principico ofrecieron a Cabrera y su familia dos mesas separadas y el asunto derivó en encendida disputa verbal y con el político y los suyos marchándose del local. Minutos después, agentes de la Policía Local se personaron en el restaurante y estuvieron realizando una inspección durante horas.

De esta manera, Cabrera modifica su versión inicial y ahora, en una carta traslada al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento , sí reconoce que charló por teléfono con Medina del incidente en cuestión.

Estos hechos han sido puesto en los tribunales por Vox y con motivo de dicha denucia, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla dictó una providencia ofreciendo al abogado de Cabrera, José Manuel García-Quílez, exponer sus alegaciones sobre los hechos, algo «inusual», como se califica en el propio escrito al que ha tenido acceso este periódico.

En el escrito, de dieciseis folios, se expone cómo se ha pasado de la politización de la justicia a la « judicialización de la política , pretendiendo que los jueces y tribunales resuelvan conflictos de naturaleza política». Esto es, «se intenta obtener en los tribunales, lo que no se ha podido lograr en un pleno municipal o en un parlamento», provocando un efecto «perturbador» como el convertir al juez en «árbitro de una lucha política».

Frente a los «acusadores» políticos , en manos de la juez está evitar «este interesado juego político, que pretende desplazar a la Administración de Justicia lo que debe pelearse en las urnas».

Tras desglosar las funciones de Cabrera en el Ayuntamiento y subrayar que su cargo como responsable máximo de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, CECOP y Movilidad «le obliga a permanecer en contacto con los mandos de todas las referidas áreas», especialmente en épocas complicadas como la actual de pandemia, el escrito vuelve a exponer la versión de los hechos ocurridos el día 6 en el bar de Los Remedios.

Cabrera llegó al restaurante tarde y sus familiares ya «estaban discutiendo con el encargado porque pretendía ubicarlos en dos mesas separadas, con la consiguiente oposición de los familiares del concejal. Después llegaron las tensiones entre las partes. Cabrera «se limitó a pedir al encargado una hoja de reclamaciones y a trasladarle que se encontraba en un claro error , pues la norma sí permitía hasta un máximo de diez comensales por mesa ese día».

Al día siguiente, se contó lo sucedido «adornando» la participación de Cabrera y «con exageradas versiones plagadas de invenciones , falsedades y fantasías, con relación a unos supuestos insultos racistasproferidos por mi mandante, o a una chulesca y prepotente actitud que, cualquiera que mínimamente le conozca, sabe que Cabrera es incapaz de seguir».

El abogado prosigue su escrito indicando que su cliente es « hombre apaciguado , políticamente respetado, prudente y que jamás se ha visto involucrado en ruidosos acontecimientos como el que ahora lamentablemente nos ocupa».

Hace referencia al desmentido del dueño del restaurante, aconsejado por el abogado Joaquín Moeckel, sobre los insultos achacables a Cabrera, «y mucho menos de carácter racista». E l propietario concluyó que todo fue un «malentendido» .

El abogado de Cabrera, además, explica que una vez abandonaron el bar el día 6, un familiar del concejal decidió denunciar los hechos pero llamó por error al 062 (Guardia Civil), en lugar de al 092 (Policía Local).

Desde la Guardia Civil atendieron la llamada y la desviaron al 112, desde donde, a su vez, redirigieron la denuncia tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local y al CECOP, atendiendo a las normas protocolarias previstas para este tipo de incidencias.

«Cabrera había ya abandonado el lugar y no protagonizó intervención alguna más allá de lo expuesto. No dio órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local, ni a la Policía Nacional, ni al CECOP, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido en relación con los incidentes», segçun su letrado.

Expuesta su versión de los hechos, el escrito, de forma «dura», en palabras de su abogado, analiza el papel de la acusación de Vox. Este incidente ha tenido sus consecuencias en el ámbito político , algo a lo que Cabrera está acostumbrado y conoce los avatares que deparan las luchaspolíticas entre los distintos partidos, «lógicas y pudiera decirse que incluso razonables y sanas, si se desarrollan en el marco que le es propio, que es el municipal o el asambleario, según el caso».

En este sentido, valora la actitud del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, el PP, cuyo grupo municipal se ha limitado a solicitar la comparecencia de Cabrera en el pleno ara que responda a determinadas preguntas sobre los hechos.

«Sin embargo, Vox no quiere jugar a políticos, en el ámbito correspondiente, sino que prefiere jugar a criminales , en un marco manifiestamenteimprocedente como es el de un Juzgado de Instrucción y el del Derecho Penal. Pero lo peor es que no lo hace para exigir responsabilidades penales, sino para exigir responsabilidades políticas», describe el escrito, que pone como ejemplo las palabras del presidente de Vox en Sevilla, Javier Cortés, al presentar la denuncia: «Y queremos decir que si se produce el cese de esta persona en las próximas horas, nosotros nos retiraríamos como acusación ».

A juicio del abogado, se refleja la «espuria pretensión» de Vox en este asunto. «Desde luego, no puede ser más evidente que la única intención que persigue el partido político denunciante con su denuncia no es la investigación de hechos presuntamente delictivos, ni la depuración de responsabilidades penales, sino exclusivamente el cese de Cabrera».

A continuación trata de desmontar los cinco delitos que le imputa Vox a Cabrera en una «fantasiosa denuncia repleta de falsedades, invenciones y exageraciones». A juicio de su letrado, no existe un delito de coacciones agravado por un hipotético abuso de autoridad; tampoco existe un delito de odio porque el propio dueño del bar ha desmentido que Cabrera se dirigiera a él de forma xenófoba. El delito de injurias, por idéntico motivo, tampoco se da.

Rechaza el abogado de Cabrera que se produjera un delito de desorden público , pues ni se amparó en su actuación en un grupo de personas (entre ellas sus padres octogenarios) ni ejecutó actos de violencia. Sobre el quinto delito, prevaricación administrativa dolosa, García-Quílez explica que «aun negando lo que ya hemos negado, que es que Cabrera ordenase intervención policial de tipo alguno», decir que se ha cometido una prevaricación administrativa es decir, que el concejal «ha dictado una resolución injusta, con plena conciencia y deliberadamente, a sabiendas de que la ilegalidad es evidente, patente, flagrante y clamorosa, como exige la jurisprudencia para considerar este tipo, es sencillamente un atropello a los más elementales y básicos conceptos jurídicos».

El escrito de alegaciones concluye solicitando a la juez el a rchivo y sobreseimiento de la causa , evitando así para el dirigente socialista «un juicio paralelo» y «la pena de telediario» de estos procedimientos mediáticos.

Lamenta que Cabrera «ya ha sido vilipendiado públicamente por los acontecimientos objeto de esta causa a través de las redes sociales». En esta causa, el Juzgado «es claramente consciente de la gravedad de la situación, pues así lo deducimos por el hecho de habernos conferido este inusual trámite para efectuar alegaciones», según el abogado del teniente de alcalde, que pide a la juez que cierre la causa y evite a su cliente seguir con la condición de investigado por «la simple decisión de un contrincante político que, descaradamente, no ha sido ni capaz de esconder que no pretende con su denuncia más que la cabeza política de Cabrera ».

Por último, pide a la juez que si no acuerda el archivo de la causa, se dirija a la Policía Local para recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y así evitar que Cabrera «tenga que acudir al juzgado a prestar declaración, lo que quiere eludirse no por lo que pueda suponer prestar declaración en sí, a lo que aquél no muestra inconveniente alguno, sino por lo que seguro conllevará el paseíllo por la puerta del juzgado : de nuevo el revuelo y ruido mediático, los juicios paralelos y, una vez más, los desalmados insultos en las redes sociales».